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Presidente Santiago Peña- Enrique Duarte, presidente de la UIP.

El presidente Santiago Peña anunció el miércoles que el salario mínimo aumentará por encima del porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y será de G. 144.952, pasando a G. 3.044.000, lo que generó la reacción de los sindicatos, que consideran insuficiente el incremento, y de los empresarios, que piden respetar la ley.

Peña anunció la medida durante la presentación de su informe de gestión en la sede de la ANR. Allí explicó que el reajuste calculado en base al IPC alcanzaba el 2,4%, un porcentaje que representa una suba cercana a G. 69.000 sobre el mínimo vigente.

Sin embargo, el mandatario juzgó que ese monto era bajo para cubrir las necesidades de los trabajadores y por eso optó por aplicar un incremento mayor, es decir, un 5% o el doble de la inflación actual. 

Actualmente, el salario mínimo legal se encuentra fijado en G. 2.899.048. Con el ajuste basado únicamente en la inflación, el monto habría aumentado a poco más de G. 69.000. No obstante, con la decisión del Ejecutivo, el nuevo jornal superará los G. 3 millones a partir del 1 de julio.

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) rechazó al aumento y cuestionó duramente el alcance de la medida. A través de un comunicado, la organización sindical sostuvo que el incremento estaba lejos de responder a las necesidades reales de los trabajadores.

Lo cierto es que el presidente dio el paso luego de que fracasar la última reunión de la mesa tripartita del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), cuyos miembros remitieron sus recomendaciones al Ejecutivo. En un primer momento, Peña pareció decantarse por una posición más cercana a la de los sindicatos, pero finalmente buscó una solución salomónica para no enojar al empresariado, algo que no ocurrió. 

De hecho, el titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, apenas escondió su preocupación por la decisión de aplicar un reajuste superior al porcentaje de inflación acumulada del 2,4%, según los datos oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP).

Duarte sostuvo que la medida alteraba el mecanismo que durante los últimos años se utilizó para actualizar el mínimo y advirtió que podría generar incertidumbre entre los actores económicos. El sistema basado en la inflación, insistió, había permitido establecer "reglas claras" para trabajadores y empleadores y previsibilidad en el mercado laboral.

Iván Dumot, presidente del Centro de Importadores, rechazó el incremento por carecer de criterios técnicos. "La inseguridad jurídica es la principal debilidad de nuestro sistema. Lo único que hace esto es desmoronar todo", se quejó. Luis Tavella, al frente de la Federación Paraguaya de Mipymes, admitió que sería difícil absorber el reajuste y alertó sobre una mayor informalidad: "Es un baldazo de agua fría". 

Los empresarios no dudaron en calificar la medida de Peña de populista y arbitraria, justo en pleno año electoral. Pero para el economista Rodrigo Ibarrola, la decisión de Peña respondió a la necesidad de encontrar un punto de equilibrio entre el ajuste sugerido por la inflación y los reclamos planteados por los trabajadores.

El incremento que surgía del cálculo tradicional, basado en una inflación del 2,4%, resultaba insuficiente desde el punto de vista político y social, según Ibarrola.

Un aumento cercano a los G. 60.000, continuó el economistra, difícilmente habría sido aceptado por las centrales obreras. Ante esta situación, el Ejecutivo optó por una medida intermedia, superior al ajuste técnico recomendado por los indicadores económicos, pero distante de los incrementos más elevados solicitados por los sectores sindicales.