Por: Redacción Central.

La incertidumbre en el oficialismo en torno a la aprobación del proyecto de ley que autoriza el pago de intereses por certificados de obras públicas adeudados a empresas constructoras empieza a preocupar al sector. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo y respaldada por los gremios de la construcción, ya obtuvo media sanción en el Senado.

Sin embargo, actualmente enfrenta un escenario más complejo en la Cámara de Diputados, donde varios legisladores colorados prefieren "analizar mejor" la propuesta porque son alrededor de USD 100 millones los que están en juego.

Con todo, tanto la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) como la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) creen que el proyecto puede avanzar en la próxima sesión ordinaria de la cámara baja.

Además, en el sector de la construcción destacan que la iniciativa representa una señal necesaria para restablecer la confianza entre el Estado y los contratistas. El gremio argumenta que las demoras prolongadas en los pagos generan graves perjuicios financieros para las empresas y afectan la capacidad del sector para ejecutar nuevos proyectos, acceder a financiamiento y mantener empleos.

El proyecto busca habilitar al Estado a emitir bonos o títulos de deuda pública para obtener recursos destinados a cancelar compromisos pendientes con contratistas de obras públicas. Además del pago de los certificados adeudados, la iniciativa contempla el reconocimiento de intereses generados por los retrasos en los desembolsos.

Las deudas acumuladas por certificados de obras rondan actualmente los USD 300 millones. De ese total, aproximadamente USD 100 millones corresponden exclusivamente a intereses derivados de las demoras en los pagos. Precisamente este componente es el que genera mayores cuestionamientos dentro de algunos sectores de la bancada oficialista.

La propuesta fue incluida en el orden del día de la Cámara de Diputados para el próximo martes a pedido de la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Cristina Villalba. Pero la falta de consenso dentro del cartismo y entre algunos aliados amenaza con una nueva postergación del tratamiento; tampoco se descarta una aprobación con modificaciones.

Los legisladores que están con "dudas" consideran que el Congreso debe analizar con mayor profundidad las implicancias financieras de la medida antes de avanzar hacia su aprobación. Entre los cuestionamientos figura el impacto fiscal que podría tener el reconocimiento de intereses por montos millonarios, especialmente en un contexto donde el Estado enfrenta limitaciones presupuestarias y múltiples compromisos pendientes.

Los cuestionamientos no apuntan necesariamente a las deudas por certificados de obra ya ejecutada, sino al mecanismo propuesto para reconocer y financiar los intereses acumulados durante años de retraso. Algunos diputados sostienen que el volumen de recursos involucrados amerita un estudio más detallado sobre los antecedentes de cada obligación y sobre la forma en que se determinaron los montos reclamados por las empresas.

La propuesta establece una tasa máxima de interés del 9,9% anual y fija un plazo de 90 días para que se determinen los montos adeudados una vez que la ley entre en vigencia. Mientras tanto, el proyecto permanece en la incertidumbre, a pesar de ser impulsado por el propio Ejecutivo.