Por: Redacción Central.
![]()
La Policía Militar de Brasil puso en marcha el operativo de seguridad denominado SULMASSP en la frontera compartida con Paraguay, e involucra a los estados de Paraná, Santa Catarina, Río Grande del Sur, San Pablo y Mato Grosso del Sur. Esta movilización de fuerzas terrestres y fluviales refuerza la presencia de los organismos de control en la Triple Frontera. La iniciativa busca contener de forma directa el flujo logístico de las bandas transnacionales en áreas neurálgicas del mapa binacional.
Lejos de proyectar un choque directo, el operativo se perfila como un sutil e inevitable acercamiento de Lula hacia el gobierno de Santiago Peña. Ambos mandatarios, que iniciaron sus gobiernos con una sintonía notable, parecen decididos a recuperarla tras las progresivas fricciones de los últimos meses. Las diferencias emergieron a medida que Asunción optó por estrechar sus vínculos estratégicos con la administración Trump.
El escenario de fondo en Alto Paraná aceleró los tiempos políticos de esta intervención coordinada tras una preocupante ola de asaltos con modalidad de comando militar. Estos recientes golpes, atribuidos a facciones de origen brasileño en territorio paraguayo, expusieron fallas estructurales y apuraron la necesidad de una respuesta contundente. La vulnerabilidad de la zona comercial del este obligó a revisar los protocolos de contención de ambas administraciones.
La reacción inicial de Asunción se había materializado semanas atrás con el inédito envío de efectivos militares a los puntos calientes de la zona este del país. Aquel movimiento doméstico de Peña, fuertemente debatido en el Congreso, ahora se solapa y coordina de manera táctica con el despliegue masivo dispuesto por Brasil. La complementariedad en el terreno busca saturar las rutas tradicionales de escape de los grupos criminales organizados.
El desafío compartido excede el combate tradicional al tráfico de estupefacientes y apunta de lleno a millonarios negocios como el tráfico de armas y de medicamentos ilegales en las ciudades fronterizas. Este mercado clandestino de insumos químicos y farmacológicos funciona hoy como una de las principales fuentes de financiamiento de las estructuras delictivas de la región.
En el trasfondo de estas operaciones se percibe la sombra de las decisiones políticas de Washington respecto al tablero de la criminalidad en Sudamérica. La reciente catalogación del Primer Comando Capital y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas globales ratifica un marco conceptual que Peña ya había instalado localmente. Esta convergencia de criterios con el Departamento de Estado añade un componente externo de peso a la gestión de la frontera.
Ante este panorama, Peña ensaya un complejo juego de equilibrios diplomáticos para resguardar la autonomía de su agenda externa en materia de defensa. El Ejecutivo paraguayo balancea su aproximación al esquema de seguridad norteamericano, reflejado en el Escudo de las Américas, con las urgencias territoriales cotidianas de su propio mapa. La dependencia estructural respecto a sus vecinos del Mercosur limita los márgenes de cualquier aislamiento geopolítico.