jueves 02 de julio de 2026 - Edición Nº2766

Derechos Humanos | 2 jul 2026

Denuncia Internacional

Atentado contra la libertad de expresión en Curuguaty; Departamento de Canindeyú.

18:38 |Desde VOCES Paraguay – Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos del Paraguay y AMARC Paraguay – Asociación Mundial de Radios Comunitarias-América Latina y el Caribe, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional el grave atropello a la libertad de expresión y al derecho a la comunicación ocurrido en el departamento de Canindeyú.


Por: VOCES Paraguay – Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos del Paraguay y AMARC

Voces ParaguayAsociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos del ParaguayPersonería Jurídica Nº 12.934/10 –Serie “D” Paraguay

Desde VOCES Paraguay – Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos del Paraguay y AMARC Paraguay – Asociación Mundial de Radios Comunitarias-América Latina y el Caribe, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional el grave atropello a la libertad de expresión y al derecho a la comunicación ocurrido en el departamento de Canindeyú.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) ha procedido al cierre e incautación de los equipos de la Radio Comunitaria Popular Canindeyú, de la ciudad de Curuguaty. Esta medida deja a toda una comunidad sin uno de sus principales espacios de comunicación, vulnerando no solo el derecho de la emisora a informar, sino también el derecho colectivo de la ciudadanía a recibir información, expresarse, organizarse y participar en la vida democrática.

La Radio Comunitaria Popular Canindeyú ha desarrollado durante años una labor comprometida con las necesidades y aspiraciones de su comunidad. Ha acompañado las luchas de las familias campesinas por el acceso a la tierra, la justicia social y una vida digna, promoviendo además la defensa de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Precisamente ese compromiso con los sectores históricamente excluidos y con el ejercicio de una comunicación libre, crítica y participativa constituye, con demasiada frecuencia, el motivo por el cual los medios comunitarios son objeto de persecución, hostigamiento y silenciamiento.

Denunciamos que esta acción vulnera abiertamente la Constitución Nacional de la República del Paraguay, en particular:

Artículo 26, que garantiza la libertad de expresión y de prensa.

Artículo 28, que reconoce el derecho de todas las personas a informarse y a recibir información veraz, responsable y plural.

Artículo 30, que protege la libertad de emitir opiniones sin censura previa y resguarda el pluralismo informativo.

Asimismo, recordamos que la libertad de expresión y el derecho a la comunicación constituyen derechos humanos fundamentales, protegidos por instrumentos internacionales ratificados por el Paraguay, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado paraguayo tiene la obligación de garantizar que estos derechos puedan ejercerse sin censura, intimidación ni represalias.

El cierre de una radio comunitaria nunca constituye un simple procedimiento administrativo. Representa un grave retroceso democrático y un mensaje de intimidación dirigido a las comunidades organizadas y a todos los medios que ejercen un periodismo independiente y comprometido con el interés público. Silenciar una radio comunitaria significa acallar la voz de quienes históricamente han tenido menos oportunidades para hacerse escuchar.

Exigimos:

La inmediata devolución de todos los equipos incautados a la Radio Comunitaria Popular Canindeyú.

El restablecimiento inmediato de sus transmisiones.

El cese de toda forma de persecución, hostigamiento y criminalización contra las radios comunitarias y los medios alternativos del Paraguay.

La apertura de un diálogo democrático que reconozca plenamente el derecho a la comunicación y garantice un marco legal que promueva y proteja a los medios comunitarios.

Exigimos a la CONATEL que cese la aplicación de medidas desproporcionadas contra las radios comunitarias y, en cumplimiento de los estándares internacionales sobre libertad de expresión, impulse políticas públicas que promuevan su legalización, fortalecimiento y acceso equitativo al espectro radioeléctrico, en lugar de criminalizar el ejercicio del derecho a la comunicación.

Convocamos a las organizaciones sociales, gremios periodísticos, organismos de derechos humanos, instituciones democráticas y a la ciudadanía en general, tanto del Paraguay como de la comunidad internacional, a mantenerse vigilantes y solidarios ante este grave precedente.

Defender una radio comunitaria es defender el derecho de todo un pueblo a expresarse, a organizarse y a participar en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

Sin comunicación comunitaria, no hay democracia.

VOCES Paraguay

Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos del Paraguay

AMARC Paraguay

Asociación Mundial de Radios Comunitarias-América Latina y el Caribe

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