Por: Agencia Pressenza

(Imagen de AP Noticias)

El ex candidato a la presidencia del Perú, Roberto Sánchez, presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntas vulneraciones a los derechos políticos y garantías judiciales durante la segunda vuelta electoral.

El hecho representa un trascendental ejercicio democrático, ya que busca terminar el proceso con total transparencia, instando a las instituciones tutelares del Estado a no dejar pasar -y sin dar explicación a la ciudadanía-, sobre las modificaciones legales realizadas en pleno proceso, además del traslado de las actas sin las medidas respectivas, entre otras.

En las Elecciones Generales 2026, la participación ciudadana ha sido efectiva. “Castigó” con su voto a los partidos políticos que no fueron representativos para los intereses nacionales (más de 15 organizaciones no pasaron la valla electoral), se manifestó permanentemente en las calles e informó con celular en mano, acerca de las irregularidades que veía in situ, alertando en tiempo real a las autoridades encargadas.

Hoy, con el pedido de Roberto Sánchez, se sigue exigiendo pulcritud en el proceso, mostrando una madurez política que favorecerá al país con la demanda de mayor legitimidad, legalidad, información y participación ciudadana. No hay marcha atrás.

Modificación de reglas en pleno proceso

El presidente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, sostiene que en plena segunda vuelta electoral, se modificaron las reglas aplicables al proceso de votación en el extranjero al eliminar el procedimiento de digitalización y transmisión de las actas electorales desde los consulados peruanos, contraviniendo el principio de intangibilidad normativa que prohíbe alterar las reglas durante el desarrollo del proceso electoral. Esto afectó la seguridad jurídica, la confianza pública y la transparencia de los comicios.

La supresión de este mecanismo impidió contar con un sistema de verificación inmediata de los resultados obtenidos en el exterior, generando incertidumbre sobre la integridad y trazabilidad del voto emitido por miles de ciudadanos peruanos residentes fuera del país.

Traslado comprometería la cadena de custodia y garantía del proceso

También cuestiona las condiciones en las que fueron trasladadas las actas físicas desde diferentes países hacia el Perú, así como el tiempo transcurrido para su recepción, circunstancias que, según el documento, comprometieron la cadena de custodia y las garantías de transparencia del proceso.

Asimismo, la petición advierte que el elevado costo de las tasas exigidas para solicitar la nulidad de la votación en una mesa de sufragio, equivalente a S/ 1 375 soles por cada solicitud, constituye una barrera económica desproporcionada para acceder a la tutela judicial efectiva. Dicho monto supera el ingreso de muchos ciudadanos, limitando el ejercicio del derecho a impugnar presuntas irregularidades y restringiendo el acceso a la justicia electoral.

Ante estos hechos, Roberto Sánchez, solicitó que la CIDH admita la petición, otorgue la medida cautelar solicitada y disponga las acciones necesarias para salvaguardar los derechos políticos, las garantías judiciales y el acceso efectivo a la justicia de los ciudadanos peruanos; así como para fortalecer los principios de transparencia, legalidad y confianza en los procesos electorales. Quedamos atentos.