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Natalia Borgognon. Presidenta de Copaco

La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) inició una restructuración mientras avanza la propuesta de traslado "excepcional" de sus funcionarios a otras instituciones públicas. La presidenta de la estatal, Natalia Borgognon, explicó que la empresa opera como una sociedad anónima y se financia con ingresos propios, por lo que cualquier medida para mover a sus empleados tendría que contar con respaldo legal.

Esta condición obliga a evaluar el alcance del proyecto impulsado por el diputado José Rodríguez antes de acordar cualquier mecanismo de transferencia de personal. Si bien la cuestión sigue en debate, Copaco lidia con una reorganización interna capaz de optimizar la estructura interna sin desvincular a los trabajadores, una misión casi imposible.

Como parte de ese proceso, Copaco comenzó a redistribuir funcionarios hacia áreas con mayor demanda operativa, entre ellas el centro de atención telefónica, el agendamiento de servicios y nuevos proyectos tecnológicos. Además, la estatal impulsa programas de capacitación para que empleados cuyas funciones quedaron desactualizadas por las innovaciones tecnológicas puedan incorporarse a nuevas tareas.

Copaco comenzó a redistribuir funcionarios hacia áreas con mayor demanda operativa, entre ellas el centro de atención telefónica, el agendamiento de servicios y nuevos proyectos tecnológicos

Paralelamente, Borgognon mandó a reforzar los controles sobre los funcionarios comisionados a otras instituciones del Estado. De más de un centenar de comisiones vigentes, actualmente permanecen 35, luego de una revisión encargada de verificar que cada trabajador estuviese cumpliendo efectivamente funciones.

En la Cámara de Diputados es donde continúa pendiente el tratamiento del proyecto que habilitaría el traslado de funcionarios de Copaco. La propuesta forma parte de un paquete de medidas orientadas a la reorganización de la empresa que se amolda a otra iniciativa para prohibir el pago de bonificaciones a las altas autoridades del sector público.

Meses atrás, los sindicatos de Copaco solicitaron al Ejecutivo que la eventual transferencia garantizara los derechos laborales de los trabajadores, especialmente el acceso al seguro social, y plantearon que parte del proceso de reestructuración contemplase la posibilidad de acogerse al régimen de retiro voluntario.

Una virtual reasignación de funcionarios permitiría reducir el elevado costo salarial que afronta la empresa, cuyo desembolso mensual en remuneraciones ronda los G. 12.000 millones, uno de los principales desafíos financieros que enfrenta actualmente la estatal.

La delicada situación financiera de Copaco vuelve a instalar en la agenda el debate sobre su futuro. Ante el elevado nivel de endeudamiento y las pérdidas acumuladas en los últimos años, una de las alternativas pasa por la incorporación de un socio estratégico privado que aporte capital para inyectar recursos frescos y garantizar su continuidad operativa.

La estatal arrastra deudas que ya superan los USD 120 millones y, solo en los últimos tres años, registró pérdidas cercanas a USD 50 millones, lo que refleja el deterioro de su situación económica. En ese escenario, en la compañía consideran que la necesidad de captar inversión privada podría derivar en un proceso de privatización o de mayor participación del sector privado en la administración de la empresa.