Por: Fuente: https://www.baseis.org.py/

Integrantes de la Coordinadora Sin Tierras del Norte

La Coordinadora Sin Tierras del Norte resolvió en asamblea solicitar al Gobierno que alrededor de 3.000 hectáreas de la estancia Las Mañanitas, ubicada en el distrito de Santa Rosa y vinculada al empresario Darío Messer, condenado por lavado de dinero, sean incorporadas al proceso de reforma agraria antes de que el inmueble sea rematado por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).

La organización considera que el Estado debe priorizar el interés público y el derecho al acceso a la tierra por encima de la enajenación de bienes provenientes de actividades ilícitas.

La propuesta surge en un contexto marcado por la persistencia de la concentración de la tierra y por la situación de miles de familias campesinas que continúan sin acceso a un medio fundamental para garantizar su subsistencia, la producción de alimentos y una vida digna. A ello se suma la demora en la resolución del proceso judicial relacionado con el inmueble Lusipar, cuya transferencia al Estado sigue pendiente mientras avanza la causa contra Cabeza Branca en Paraguay, prolongando la espera de numerosas familias organizadas.

La asamblea también resolvió impulsar diversas acciones de movilización, incidencia y gestiones institucionales para exigir respuestas concretas a una problemática histórica que los sucesivos gobiernos no han logrado resolver. Para las organizaciones campesinas, la recuperación de bienes provenientes del crimen organizado constituye una oportunidad para avanzar en políticas de redistribución de la tierra acordes con el mandato constitucional de la función social de la propiedad y con la obligación estatal de promover una reforma agraria integral.

Finalmente, la Coordinadora hizo un llamado a las autoridades municipales, departamentales y nacionales a establecer un proceso de diálogo serio y responsable que permita construir soluciones a la demanda por tierra. Las organizaciones advierten que la criminalización de la protesta y la detención de personas sin tierra no resuelven el conflicto agrario ni las profundas desigualdades en la distribución de la tierra, sino que profundizan la vulneración de derechos y postergan respuestas a una demanda histórica del campesinado paraguayo.