Por: Fuente: https://www.baseis.org.py/

Asunción, 13 de julio 2026 (BASE-IS) El procedimiento, realizado en Jasy Kañy, reaviva el debate sobre la legalidad de los desalojos rurales y la participación de civiles armados en este tipo de operativos.

Un operativo de desalojo realizado este domingo en el asentamiento Edilson Mercado, en el distrito de Jasy Kañy, departamento de Canindeyú, dejó como saldo al menos una persona herida, dos detenidas y decenas de viviendas destruidas, de acuerdo con información proporcionada por pobladores y organizaciones sociales de la zona.

Las familias afectadas denunciaron la destrucción de sus casas y pertenencias durante el procedimiento, que se suma a una larga serie de conflictos por la tierra registrados en el departamento de Canindeyú, uno de los territorios donde con mayor frecuencia se han producido desalojos de comunidades campesinas en los últimos años.

El asentamiento Edilson Mercado ya había sido escenario de intervenciones similares meses atrás. La disputa por la tierra se inscribe en un contexto más amplio de concentración de la propiedad rural y expansión del agronegocio, fenómenos que han intensificado la conflictividad agraria en distintas regiones del país.

Investigaciones sobre la temática advierten que muchos de los últimos casos de desalojos han sido impulsados por agentes del Ministerio Público sin contar con una orden judicial específica, pese a que los litigios sobre la tenencia de la tierra corresponden al ámbito civil y deben resolverse respetando las garantías constitucionales y el debido proceso. Advirtiendo también que la utilización de mecanismos penales para resolver disputas por la tierra sólo ha contribuido a profundizar la violencia y la inseguridad jurídica en las zonas rurales. Estas investigaciones también advierten sobre la consolidación de prácticas irregulares en los procedimientos de desalojo y sus impactos sobre comunidades campesinas e indígenas.

Otro de los aspectos que ha generado preocupación es la presencia recurrente de civiles armados y guardias privados durante los operativos, como el llevado a cabo en Edilson Mercado. Distintos estudios y relevamientos han documentado la actuación de particulares junto a fuerzas policiales y fiscales, así como denuncias sobre destrucción de viviendas, quema de cultivos y criminalización de dirigentes comunitarios.

El caso de Edilson Mercado vuelve a poner en discusión la legalidad de los procedimientos de desalojo y el papel que desempeñan las instituciones del Estado en los conflictos por la tierra. Especialistas y organizaciones sociales han señalado la necesidad de establecer mecanismos que garanticen el respeto al debido proceso, delimiten las competencias del Ministerio Público y eviten la participación de actores privados armados en procedimientos que afectan a comunidades campesinas e indígenas.