Por: Noticias ONU

Wikimedia Commons/Jairo Cajina Managua, la capital de Nicaragua.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas* denunció este lunes la eliminación repentina de numerosos abogados y notarios por parte del Gobierno y advirtió que la medida ha eliminado de un día para otro a una parte esencial de la profesión jurídica del país y ha privado a la población de su derecho a la defensa.

Los testimonios de las personas afectadas indican que, en términos generales, no hubo notificación previa y no se emitió ninguna explicación oficial. 

La mayoría solo tuvo conocimiento de la medida cuando intentó ingresar a un tribunal, presentar escritos judiciales o introducir su nombre en el registro digital de la Corte Suprema de Justicia y comprobó que ya no figuraba en él.

Las medidas recientes se producen tras una amplia depuración del sistema judicial que está en marcha desde octubre de 2023, cuando la Policía tomó el control de la Corte Suprema de Justicia y varios altos funcionarios fueron destituidos. Desde entonces, ocho magistrados han renunciado o han sido obligados a dejar sus cargos, y más de un millar de funcionarios judiciales han sido despedidos.

Según los expertos, la reforma constitucional de 2025 culminó este proceso: despojó al Poder Judicial de su condición de poder independiente del Estado, redefiniéndolo como un "órgano" que la Presidencia "coordina," y redujo el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de 16 a 10, todos nombrados luego de ser propuestos por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Antecedentes: El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua es un organismo independiente mandatado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Creado en marzo de 2022, su tarea es llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018. Los miembros expertos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua fueron nombrados por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para recopilar datos sobre presuntas violaciones de derechos humanos, recoger información imparcial y proporcionar análisis independiente.