Por: https://www.lapoliticaonline.com/

Tigo y Personal quedaron como las únicas interesadas en la segunda licitación del espectro para el despliegue de la tecnología 5G, impulsada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Ambas operadoras presentaron sus ofertas para acceder a bloques de frecuencias en las bandas de 2.300 y 3.500 MHz, consideradas esenciales para el desarrollo de la nueva generación de redes móviles.

El proceso fue convocado luego de que los dos principales operadores del mercado se autoexcluyeran de la primera licitación. Con la apertura de las ofertas se inicia la etapa de evaluación de las propuestas presentadas; una vez concluida, Conatel definirá la adjudicación de las frecuencias que permitirán ampliar la cobertura del 5G en el país.

El objetivo de la licitación es ampliar la cobertura de la tecnología 5G, incrementar la capacidad de las redes y facilitar el desarrollo de nuevos servicios digitales tanto para usuarios particulares como para el sector productivo.

Como ocurrió en el primer llamado, uno de los aspectos que volvió a marcar la convocatoria fue el mantenimiento de los requisitos técnicos establecidos por Conatel para los equipos que serán utilizados en la infraestructura de la red.

La institución a cargo de Juan Carlos Duarte decidió conservar sin modificaciones las condiciones incluidas en el pliego anterior, entre ellas la exigencia de que los equipos de acceso radioeléctrico (RAN) cuenten con la certificación internacional TIA SCS9001, vinculada a la seguridad de la cadena de suministro.

Ese requisito vuelve a dejar afuera a los fabricantes de origen chino, que no cuentan con esa certificación. La condición ya había sido cuestionada durante la primera licitación por parte de la oposición, pero Estados Unidos y Taiwán festejaron la postura del Gobierno.

El Ejecutivo apartó a las empresas chinas por cuestiones de seguridad nacional. De hecho, el MITIC y la embajada de EEUU en Asunción ratificaron el viernes las denuncias de supuestos ciberataques contra instituciones estatales. El propio Ministerio que comanda Gustavo Villate aseguró que las investigaciones permitieron reunir suficientes elementos para atribuir las operaciones a actores vinculados al Estado chino.

De acuerdo al MITIC, los resultados confirman la investigación iniciada en 2024, cuando fueron detectadas actividades irregulares en redes informáticas de organismos públicos. Desde entonces, el Gobierno dice haber fortalecido los sistemas de protección e implementado nuevos mecanismos para prevenir eventuales incidentes de ciberseguridad.

Las autoridades sostienen que el análisis técnico permitió identificar indicios suficientes para respaldar la atribución de los ataques, por el cual Paraguay mantuvo firme su postura de robustecer los estándares de seguridad en infraestructura tecnológica considerada estratégica, como sucede con el despliegue de la futura red 5G.

Pero las acusaciones fueron rechazadas por el Gobierno chino. A través de un comunicado emitido por el consulado de China en San Pablo, Beijing calificó de infundadas las denuncias formuladas por el MITIC y la embajada de EEUU, ya que no existen pruebas válidas que vinculen a China con las supuestas inflitraciones.

En el mismo comunicado, la delegación china sostuvo que EEUU era el máximo responsable de las operaciones de vigilancia informática a nivel mundial y que las acusaciones formaban parte de una estrategia política para desacreditar al gigante asiático en el ámbito internacional.