viernes 24 de julio de 2026 - Edición Nº2788

Internacionales | 24 jul 2026

Expresidente Pedro Castillo.

Perú: Rechazan indulto a expresidente Pedro Castillo

09:48 |El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rechazó el pedido de indulto a favor del expresidente Pedro Castillo Terrones, presentado por el congresista Elías Varas.


Por: Agencia Pressenza

Expresidente Pedro Castillo- (Imagen de Noticias Trujillo)

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rechazó el pedido de indulto a favor del expresidente Pedro Castillo Terrones, presentado por el congresista Elías Varas. La Dirección de Gracias Presidenciales informó que el expediente no especificaba el tipo de gracia presidencial (indulto, conmutación o derecho de gracia) ni cumplía con los requisitos básicos del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales.

Con la decisión del Ministerio de Justicia, se cierra la posibilidad de indulto que podría otorgar el presidente José María Balcázar antes de dejar el gobierno, uno de los compromisos asumido por este a los castillistas.

El expresidente Pedro Castillo cumple una condena de 11 años recluido en el penal de Barbadillo, tras su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, cuando emitió un mensaje a la nación en el que disolvía el Congreso de la República. Luego fue vacado por el Congreso y detenido, hasta que en noviembre de 2025 el tribunal lo sentenció por el delito de conspiración para la rebelión, absolviéndolo de rebelión consumada, por no levantarse en armas.

Un día antes de la decisión de la Comisión de Gracias Presidenciales, la Corte Suprema de Justicia denegó el recurso de apelación presentado por la defensa de Castillo Terrones, y confirmó su prisión preventiva por 12 meses.

Gobierno desacata recomendaciones de ONU

Cabe recordar que en julio pasado el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que la detención del expresidente Pedro Castillo Terrones es “arbitraria” y recomendó su libertad inmediata, dando un plazo de seis meses al Estado peruano para que informe sobre las dificultades para implementar las recomendaciones. El gobierno mantiene una postura de no acatamiento obligatorio, señalando que el pronunciamiento no es vinculante.

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