Por: https://www.baseis.org.py/

Con más del 45% de su territorio cubierto por el cultivo de soja y alrededor del 64% de su superficie agropecuaria en manos de propietarios extranjeros, Canindeyú se ha consolidado como uno de los principales escenarios de la expansión del agronegocio en Paraguay. El avance sostenido del monocultivo, la elevada concentración y extranjerización de la tierra han reducido el espacio para la agricultura campesina, profundizando la degradación ambiental y el desplazamiento de comunidades rurales e indígenas.

En este contexto, las familias campesinas enfrentan una creciente presión para abandonar sus territorios. La expansión de la frontera agrícola se sostiene, además, mediante procesos de criminalización de la lucha por la tierra y el uso recurrente de la violencia institucional. Solo en 2025 se registraron al menos siete casos de intervenciones violentas contra asentamientos campesinos en el departamento, reflejando un patrón de represión que favorece la consolidación del modelo agroexportador.

A esta situación se suma el impacto sobre el derecho a la educación y a la salud. De acuerdo con el informe Escuelas rurales y comunidades en riesgo de fumigación, al menos diez escuelas rurales de Canindeyú se encuentran en riesgo de ser afectadas por fumigaciones con agrotóxicos, evidenciando cómo la expansión de los monocultivos compromete las condiciones de vida de niñas, niños, docentes y comunidades enteras.

El escenario se complejiza aún más por la creciente presencia del crimen organizado y el avance de procesos de militarización del territorio. Ambos fenómenos inciden de manera directa sobre el tejido social, generan mayores niveles de inseguridad y vulnerabilidad para las comunidades, y profundizan las afectaciones a la vida cotidiana de poblaciones campesinas e indígenas, que enfrentan múltiples formas de violencia y exclusión.

Canindeyú expresa con claridad las consecuencias de un modelo de desarrollo basado en el agronegocio y el extractivismo: la agricultura campesina y comunidades indígenas son arrinconadas por la expansión de los monocultivos, mientras se intensifican los conflictos por la tierra, la criminalización de las organizaciones rurales, la exposición a agrotóxicos y la fragilidad de las condiciones de vida en un territorio atravesado por disputas económicas, sociales y de seguridad.