Por: https://www.baseis.org.py/

Asunciòn, 30 de julio 2026 (BASE-IS) La comunidad campesina 1° de Marzo Joaju, del Distrito de Ybyrarobana, Departamento de Canindeyú, emitió un comunicado público en el que rechaza cualquier intento de vincularla con hechos de violencia y sostiene que existe una estrategia para utilizar la inseguridad como argumento para justificar su expulsión del territorio que ocupa.

«La mafia, el crimen organizado y los intereses del agronegocio utilizan la violencia y la inseguridad como mecanismos de presión para exigir al propio Estado el desalojo de nuestra comunidad», afirma el pronunciamiento.

El comunicado fue difundido luego de que representantes de organismos de seguridad convocaran a una reunión con la comunidad que finalmente no se realizó debido a que las autoridades pretendían reunirse únicamente con un grupo reducido, mientras la comunidad insiste en que cualquier diálogo debe desarrollarse en una asamblea abierta y con participación de todas las familias.

La organización comunitaria reafirma que su lucha por la tierra ha sido siempre pacífica y en el marco de los mecanismos democráticos, teniendo como principal reivindicación la regularización del asentamiento y el reconocimiento de sus derechos. «Actualmente existe una profunda preocupación porque el Gobierno pretende involucrar a toda la comunidad en hechos graves de violencia. Rechazamos categóricamente cualquier intento de vincularnos con esas situaciones. Nuestra historia de lucha por la tierra demuestra que siempre hemos recurrido a las instituciones y utilizado los mecanismos democráticos para reclamar nuestros derechos.» señala el comunicado

Asimismo, sostiene que el combate contra el crimen organizado es responsabilidad exclusiva del Estado y advierte que las comunidades campesinas no pueden ser convertidas en responsables de una violencia de la que, por el contrario, también son víctimas. Al concluir la organización recalca que su «resistencia es pacífica y organizada: construir comunidad, producir alimentos, trabajar y gestionar nuestros derechos ante las instituciones correspondientes».

El conflicto de Joaju se desarrolla sobre aproximadamente 4.500 hectáreas de tierras públicas cuya recuperación y regularización es reclamada desde hace más de una década por las familias campesinas, según denuncia la organización local, estas tierras fueron adjudicadas de manera irregular durante la dictadura stronista y forman parte del histórico problema de las tierras malhabidas en Paraguay. A lo largo de estos años, la comunidad consolidó un asentamiento con producción agrícola, escuelas, caminos y servicios básicos, mientras impulsó su demanda mediante gestiones ante el INDERT, el Congreso Nacional y otras instituciones del Estado.

En los últimos años, se han registrado denuncias de hostigamiento contra Joaju y otras comunidades campesinas de Canindeyú, los informes registran recorridos de inteligencia, amedrentamientos, amenazas de desalojo y procedimientos policiales que, según las organizaciones, forman parte de un patrón de criminalización de las luchas por la tierra en un departamento marcado por la expansión del agronegocio y el narcotráfico. Los ataques contra Joaju y otras comunidades campesinas se recrudecieron luego del reciente ataque contra un puesto policial en la zona, desde el gobierno se ha insistido en instalar la idea de que existen «campesinos radicalizados» que apoyarían este tipo de hechos, sin embargo, las comunidades campesinas desmienten esta situación.