Por: Margaret Satterthwaite. Fuente: ONU
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ONU/Shirin Yaseen Santiago es la ciudad más grande de Chile y capital del país.
Los procesos de remoción iniciados podrían vulnerar las garantías del debido proceso y representar un riesgo para la independencia judicial, advierte la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados.
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados*, Margaret Satterthwaite, expresó este jueves su preocupación por los procesos de remoción iniciados contra 56 jueces y juezas en Chile, al considerar que podrían vulnerar las garantías del debido proceso y representar un riesgo para la independencia judicial.
Según la experta, la Corte Suprema chilena abrió en junio 56 cuadernos de remoción en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 80 de la Constitución. Sin embargo, esos casos corresponden a conductas que ya habían sido examinadas y resueltas mediante procedimientos disciplinarios previos, desarrollados conforme a las normas de la propia Corte.
Satterthwaite advirtió que los magistrados enfrentan ahora procedimientos por hechos que, en su momento, no constituían faltas disciplinarias según la legislación chilena y que ya habían sido juzgados. Además, señaló que deben demostrar su "idoneidad para continuar desempeñando el cargo", un criterio que calificó de impreciso y sin una definición clara.
La relatora también cuestionó el marco jurídico que regula estas destituciones. Explicó que el artículo 80 de la Constitución no define el alcance del requisito de "buen comportamiento", ni establece criterios objetivos para determinar cuándo una conducta justifica la remoción. Tampoco aclara cómo se relaciona este mecanismo excepcional con los procedimientos disciplinarios ordinarios, lo que, a su juicio, abre la puerta a la duplicación de procesos.
Asimismo, expresó preocupación porque el procedimiento no parece cumplir con las garantías del debido proceso y no contempla la posibilidad de apelación.
La experta recordó que las normas internacionales protegen la inamovilidad de los jueces como una garantía esencial para preservar su independencia. Aunque reconoció la importancia de asegurar la integridad del poder judicial, advirtió que la facultad extraordinaria de remoción podría estar utilizándose como respuesta al debate público generado por el escándalo relacionado con el uso indebido de licencias médicas por parte de funcionarios públicos.
Satterthwaite instó a las autoridades chilenas a fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial mediante normas claras y procedimientos respetuosos del debido proceso, en lugar de aplicar medidas disciplinarias retroactivas y de alcance general.
La relatora subrayó además que cualquier proceso de destitución debe evaluarse caso por caso, con criterios objetivos previamente establecidos, garantizar una audiencia imparcial y permitir la revisión judicial de las decisiones. También sostuvo que las destituciones generalizadas son incompatibles con los estándares internacionales sobre independencia judicial.
*La experta: Margaret Satterthwaite es la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.