Por: José Seoane - Fuente: https://www.alai.info/

La gran mutación

En términos históricos, biológicos y filosóficos, la vida en todas sus formas, también la de las sociedades humanas, está indisolublemente vinculada al agua. Allí comenzaron los primeros desarrollos celulares hace casi cuatro mil millones de años.

Los organismos vivos, incluido el cuerpo humano, se componen centralmente de agua. Y la reproducción de la vida depende de su consumo. Durante miles de millones de años ello no implicó en general un riesgo. El agua no era considerada un bien escaso, sino renovable. Se trata del conocido ciclo hidrológico enseñado con fruición en la educación básica durante décadas. Su circulación permanente entre la superficie terrestre y la atmósfera, el cambio de su estado físico de líquido a vapor para volver como lluvia o nieve, que permitió el florecimiento de la vida en la tierra. Este ciclo de evaporación, condensación, precipitación y escorrentía e infiltración hacia ríos, mares y acuíferos subterráneos aseguró, a su vez, su reproducción infinita.

Sin embargo, este proceso ha mutado profunda y trágicamente. Casi tres cuartas partes de la población mundial viven hoy en territorios inseguros o críticos en materia del acceso al agua y, de no mediar un cambio, el panorama será más sombrío hacia adelante. En las últimas cinco décadas, se ha perdido una superficie de humedales casi igual a la de la Unión Europea. Un reciente informe del Instituto del Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH) ha advertido que entramos en la era de la bancarrota hídrica mundial. Ya no se trataría de una crisis que puede ser de cierto modo resuelta restaurando el sistema humano-agua; sino de una condición persistente que afecta tanto a los flujos como a las reservas almacenadas con una degradación prácticamente irreversible que impide el regreso a cierta normalidad anterior.

La quiebra de este ciclo hidrológico de miles de millones de años resulta la expresión más reveladora y dramática del proceso de fractura del metabolismo social iniciado en los últimos siglos con el capitalismo e intensificado bajo su neoliberalización. Y, asimismo, la consideración de este mismo proceso de crisis ha servido para sustentar la gestión neoliberal de los bienes hídricos. Intentaremos en estas breves líneas dar cuenta de esta doble dimensión y de los desafíos actuales que plantea.

 La mercantilización de la escasez

Para el pensamiento económico burgués, la escasez de un bien es requisito para su consideración económica y su transformación en mercancía. La racionalidad neoliberal agrega que dicha condición resulta sólo de su percepción subjetiva. En esta dirección, la construcción epistémica de la crisis de los bienes hídricos ha significado un paso necesario a su mercantilización impulsada, sobre éste y sobre un amplio conjunto de bienes sociales y naturales, por la neoliberalización capitalista. Se trata del solucionismo tecnológico de mercado que responde al deterioro climático y socioambiental con la ampliación del libremercado y la innovación tecnocorporativa causales del quebranto.

De este modo, la construcción subjetiva de la escasez potenció en el último medio siglo la mercantilización del agua y del complejo hídrico terrestre.  La primera etapa conllevó un proceso global de privatización de las empresas de servicios de agua, casi absolutamente públicas desde la posguerra; entre 1990 y 2005 se privatizaron 381 empresas en el mundo por un valor superior a los 45 mil millones de dólares. En la misma dirección, en 1992, la primera Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente la consideró un recurso finito y vulnerable y para evitar su derroche y favorecer su conservación y protección planteó su reconocimiento como bien económico. Décadas después, en 2020, el agua misma, o sus derechos de uso en California, comenzaron a cotizar a través de contratos a futuro en la Bolsa de Wall Street permitiendo la especulación bursátil sobre su escasez o abundancia.

Una razón cínica que utiliza la crisis para potenciar las mismas políticas y procesos que la causaron. Y así, retroalimentándose, el avance de las transformaciones neoliberales cimentó las bases materiales del estrés y la escasez hídrica resultado de un modelo productivo, particularmente la imposición de un extractivismo feroz en el Sur Global, que la sobreutiliza, dilapida y contamina. Sumado a los efectos de la crisis climática, este modelo ha provocado el colapso de la provisión de agua dulce en un creciente número de grandes urbes (Montevideo, San Pablo, Lima, entre las más importantes en Nuestra América) y territorios (más de 1,800 millones en el mundo padecieron sequías entre 2022 y 2023).

 La naturalización de la catástrofe

La intensificación de estos periodos de seca e incendios bajo la crisis climática se combinan con tormentas ciclónicas, extremadamente intensas, que conllevan inundaciones. El agua que falta, regresa con una furia endemoniada y destructiva. La potencia de la vida no sólo escasea sino que se transforma, con el capitalismo fósil, en amenaza tanática. Frente a estos colapsos climáticos, las extremas derechas y los neofascismos han promovido su naturalización, negando sus causas sociales, reduciéndolos a fenómenos o ciclos naturales inevitables. Y también se despliega otro proceso de naturalización más general que atribuye la crisis socioambiental e hídrica a una presunta naturaleza humana. Desde esta perspectiva; por ejemplo, bajo los argumentos neomalthusianos del crecimiento demográfico o económico; la identificación de las causas de la fractura hídrica evita el cuestionamiento de la matriz societal.

En uno u otro caso, la gestión de la escasez concentra sus dispositivos en la promoción de un cambio subjetivo y de conductas que prioriza el ajuste social ante la nueva situación normalizada. Invocando la resiliencia y la resignación, se propone un cambio de hábitos para imponer y legitimar un creciente racionamiento popular del uso del agua. Bajo esta narrativa, la privación ha llegado para quedarse y sólo requiere acostumbrarse. Se trata así, como lo señalan los documentos oficiales, de promover la aceptación de vivir en nuevas condiciones permanentemente limitadas, de un esfuerzo deliberado por reequilibrar la demanda en un contexto de capacidad de carga reducida, de apoyar la adaptación frente a una realidad que se plantea como inmodificable.

 El gobierno tecnocorporativo de la escasez

La construcción material y subjetiva de la escasez se constituyó en el sustento de su mercantilización; pero asimismo, como sucede con la neoliberalización capitalista, esta promoción del libremercado requirió de gobiernos fuertes y, a nivel internacional, de un entramado de organismos internacionales, corporaciones empresarias, fondos de inversión, instituciones científicas y una vasta red de ONGs que, desde hace al menos cuatro décadas, promueven a escala global los paradigmas hídricos pro-mercado.

La creciente producción material de la crisis hídrica ha potenciado y reorientado a su vez la necesidad de esta gobernanza público-privada y tecnocorporativa. Ya no se trata sólo de la construcción de la mercantilización sino del gobierno capitalista de la escasez que persigue la identificación, monitoreo y control de las reservas hídricas disponibles y potenciales, apelando incluso al solucionismo tecnológico que desarrolla el reprocesamiento de aguas residuales o la desalinización del agua de mar. Lejos de plantear la regulación o transformación de la matriz productiva responsable de la crisis, esta gobernanza global avanza en la apropiación institucional-corporativa del bien escaso. Pretende garantizar su acceso y  disponibilidad para actividades productivas consideradas estratégicas para el capital, priorizando los imperativos de grandes empresas privadas en detrimento del consumo de la mayoría de la población.

La empresa estatal israelí Mekorot, denunciada por restringir el acceso al agua a la población palestina favoreciendo a los asentamientos ilegales de colonos, ha venido avanzando desde los años 2000 en la construcción de esta gestión tecnocorporativa de la escasez en América Latina y el Caribe. Con acuerdos firmados en Colombia, Uruguay, México, República Dominicana y Argentina (con convenios con más de la mitad de sus provincias), recientemente tuvo que retirarse de la Región del Bío Bío en Chile por las protestas y la presión social.

La nueva ofensiva extractivista digital militar

Si el modelo extractivo exportador impuesto desde los años noventa en Nuestra América tuvo sus principales expresiones en el agronegocio, la megaminería, los monocultivos forestales y los hidrocarburos convencionales y no convencionales con sus impactos sobre el agua y los territorios; en los últimos años, al compás de la intensificación de las disputas geopolíticas por la transición hegemónica y el intervencionismo del imperialismo estadounidense, la ola extractivista le otorgó centralidad al control de los bienes naturales requeridos por la industria militar y la digitalización. Una nueva ofensiva caracterizada por: a) la securitización de dichos bienes ahora puestos bajo el dominio de la seguridad nacional y la militarización; b) una contrarreforma de la institucionalidad socioambiental conquistada o construida en las décadas pasadas; y c) una red de acuerdos bi y multilaterales que restringe la soberanía al conceder a los centros industrializados acceso y control a estos bienes.

Su despliegue plantea una amenaza mayor sobre las poblaciones, los ecosistemas y el agua. Por una parte, el desplazamiento a la región de los centros de datos requeridos para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) tiene y tendrá un enorme impacto sobre el agua y la energía. Consideremos que procesar, dependiendo de su complejidad, entre 5 y 50 consultas o prompts por la IA consume aproximadamente medio litro de agua y que estos centros de datos requieren  ingentes cantidades para su refrigeración. Por otra parte, la centralidad que el complejo militar digital le asigna al control de los llamados minerales críticos —por ejemplo, los 60 identificados por el Servicio Geológico de los Estados Unidos en 2025 que incluyen, entre otros, al cobre, el litio, el uranio y las bautizadas tierras raras— promete profundizar dramáticamente su explotación que, en el modelo megaminero, utiliza (y contamina) inmensas cantidades de agua para el procesamiento y transporte, alcanzando, por ejemplo, los 1300 litros por segundo de actividad.

El valor de las alternativas societales

El carácter crítico de estos minerales no refiere a ninguna propiedad o esencia intrínseca que posean sino a la vulnerabilidad o dependencia que suponen para la estrategia económica y geopolítica de las empresas y gobiernos que así los denominan. Frente a estos planteamientos, las comunidades y pueblos vienen exclamando que el agua vale más que esos bienes; que vale más que el oro, el cobre, el litio, el uranio y las tierras raras. No se trata simplemente de distintos lenguajes de valoración, sino de la diferencia entre una organización comunitaria fundada en la utilidad social y otra dominada por el interés y ganancia de las corporaciones y sus Estados. La defensa del agua y, consecuentemente, de la vida, no es sólo una programática resistente de las poblaciones afectadas que recorre la conflictividad de Nuestra América sino también el fundamento de una alternativa societal posible, deseable y más que nunca necesaria.