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Foto de Agencia Tierra Viva.

EL debate abierto en Argentina en torno a iniciativas que buscan reforzar la protección de la propiedad privada, agilizar los desalojos y no poner límites a la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros vuelve a poner en el centro una discusión que atraviesa a toda América Latina: ¿quiénes acceden a la tierra, para qué modelo de desarrollo y con qué garantías para los derechos de las comunidades que históricamente la habitan?

Paraguay conoce bien las consecuencias de un modelo que privilegia la concentración de la propiedad y la expansión del agronegocio por encima de la función social de la tierra. El país mantiene una de las estructuras agrarias más desiguales del mundo, resultado de un largo proceso de apropiación y concentración que tuvo como uno de sus hitos la distribución irregular de las denominadas tierras malhabidas, documentada por la Comisión de Verdad y Justicia.

En este escenario, los conflictos por la tierra no constituyen hechos aislados, sino la expresión de una disputa estructural. Los desalojos de comunidades campesinas e indígenas se han convertido en una respuesta recurrente del Estado frente a reclamos vinculados al acceso a la tierra o a la recuperación de territorios ancestrales. Con frecuencia, estos procedimientos se producen sin que existan soluciones de fondo para las familias afectadas y en un contexto de creciente criminalización de las organizaciones sociales.

La experiencia paraguaya demuestra que fortalecer la protección de la propiedad privada sin abordar las profundas desigualdades en la distribución de la tierra no resuelve los conflictos; por el contrario, los profundiza.

Cuando el debate se limita a garantizar la inviolabilidad de la propiedad, sin considerar el origen de esa propiedad, su función social y los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades campesinas, se invisibilizan décadas de exclusión y despojo.

En ambos países, la discusión trasciende el plano jurídico. Está en juego el modelo de desarrollo que orienta las políticas públicas, el lugar que ocupan los bienes naturales en la economía y la capacidad del Estado para garantizar derechos frente al avance de intereses económicos cada vez más concentrados. La creciente participación de grandes capitales en el «mercado» de tierras impacta directamente sobre la soberanía territorial, en Paraguay existen regiones con más del 70% de su territorio en manos de propietarios extranjeros. El acaparamiento de tierras para el agronegocio empuja además a una creciente dependencia alimentaria.

Mirar el debate argentino desde Paraguay permite advertir a nuestros vecinos sobre los riesgos que este tipo de normas implican. Más aún en un paises donde la concentración de la propiedad continúa siendo una de las principales deudas de la democracia, aquí y allá cualquier discusión sobre derechos de propiedad debe realizarse atendiendo la obligación estatal de garantizar los derechos humanos de las poblaciones campesinas e indígenas.