Por: Andrés Gaudín. Fuente: Tiempo Argentino.

Prácticamente la totalidad de los salvadoreños, entre 93 y 98% según la encuestadora, no se anda con medias tintas y respalda al presidente Nayib Bukele y su política represiva. Un caso único. Vivieron toda su vida bajo la violencia –primero durante una guerra interna que parecía inacabable, después bajo el dominio territorial de las maras, los salvajes comandos de los carteles– y ahora pueden respirar y movilizarse más o menos libremente.

No es poco y prefieren no preguntarse cómo en apenas seis años la realidad cambió drásticamente. Lo extraño, o no, es que los gobernantes de la región hablen de la idea de emularlo, digan que lo que pasa en El Salvador es “interesante”, y nada más, o califiquen al “caso Bukele” como un fenómeno digno de estudio, y nada más.

Sólo con interponer una duda podrían encontrar una primera respuesta. Es verdad que se vive ahora con cierta dignidad, pero todo indica que la caída de los números de la violencia obedece en partes quizás no iguales a un pacto de conveniencia con los líderes de las maras y al clima de terror que se ha impuesto desde la casa de gobierno. Sea como sea impera una cierta paz basada en el terror. Detrás de todo esto están el régimen de excepción con el que gobierna Bukele, la carta blanca que han recibido la policía y el ejército para reprimir según le plazca al agente de guardia, la censura de prensa, la reforma constitucional que todo lo legaliza. No hay ningún indicador social saludable.

“La expansión del bukelismo representa una deriva alarmante hacia la clausura del Estado de derecho y la institucionalización de la violencia estatal”, opinó el diario mexicano La Jornada a propósito del sexto aniversario del Bukele presidencial. A través de los análisis del momento se supo que, oficialmente, el 36% de los detenidos durante el régimen de excepción no tenía perfil criminal, es decir, no integraba las maras ni era un periférico útil para el aparato delictivo. En consecuencia, el dato permitiría afirmar, confirmar, dicen los más críticos del gobierno, que se está ante una estrategia de persecución sin rigor judicial.

Los números dicen que en cuatro años se registraron 7000 denuncias por detenciones arbitrarias, y que unos 500 murieron en prisión antes de llegar a juicio. La aritmética de la represión contradice los registros oficiales, razonó el diario mexicano. Según la estadística policial, en 2021 el universo de los pandilleros en libertad ascendía a 58.270. Sin embargo, bajo el régimen de excepción se realizaron 91.000 detenciones, lo que da un excedente de 33.000 arrestos sobre el censo original. Igualmente, la excepción se renueva mes a mes, con el pretexto de que hay criminales a detener. Así, actualmente, el 2% de la población adulta está encarcelada. Se hizo de la seguridad pública un mecanismo de control social en el que el encierro indiscriminado se impone por sobre la verdad jurídica. 

Con una regularidad bien estudiada, el gobierno presenta videos en los que exhibe su obra magna, una cárcel a la que llamó Centro de Confinamiento del Terrorismo o Cárcel del Primer Mundo, un gigante que hoy cedió a EE UU para alojar a los inmigrantes deportados por Donald Trump. En las imágenes nunca se vió a alguno de los jefes históricos de las maras. Se dice que juegan un rol vital para la subsistencia política de Bukele. Habrían pactado ocultar sus crímenes (mejorar las estadísticas oficiales) a cambio de no ser extraditados a EE UU, donde les esperarían las más duras condenas. Bukele niega que exista ese pacto, pero la Fiscalía General de la República confirmó que las negociaciones comenzaron incluso antes de la llegada de Bukele al gobierno.

Por algo el Parlamento destituyó al fiscal instructor. Con su apabullante mayoría legislativa Bukele evitó la acusación del ministerio público. Aunque la grave acusación que pesa sobre el presidente no puede ocultar toda la verdad,  el séquito de gobernantes americanos bien dispuestos a las relaciones con él no llega  a preguntarse, al menos en voz alta, qué es lo que realmente pasa en El Salvador. Tampoco se preguntan si no han advertido que con su complicidad están jugando con fuego. Será que no quieren oír lo que denuncian los 49 periodistas que tuvieron que optar por el exilio para salvar sus vidas. O será que prefieren despreciarlos como Bukele, que los caracteriza como “aliados de las maras”, “basura ensobrada”, “seres despreciables”, “sujetos dignos de todo nuestro odio”.

Sorprende, en orden alfabético, y con sus variantes, la actitud asumida por al menos nueve dirigentes sudamericanos de primer nivel: el argentino Javier Milei, que sólo se sabe que se reunió en dos oportunidades con el salvadoreño para hablar sobre seguridad; el boliviano Rodrigo Paz, que lo definió como “una mano amiga”; el brasileño Flavio Bolsonaro, que sueña con emularlo (ver aparte); el ecuatoriano Daniel Noboa, que quiere replicar el modelo; el chileno José Antonio Kast, que el jueves anunció la puesta en vigor de una réplica bestial; el colombiano Abelardo de la Espriella, que lo ama como a una novia; el paraguayo Santiago Peña, que lo admira y ya estableció un régimen de intercambio y formación policial; la peruana Keiko Fujimori, que lo da como “un líder digno de emular” y el uruguayo Yamandú Orsi, que lo definió, sin condenar, como “un ejemplo a analizar”.

Incorporado a la vida laboral desde muy joven, y en el mundo de la publicidad, Bukele recorrió como tantas aves americanas de vuelo rápido –los tiernos picaflores, los voraces halcones– todo el mapa de la política partidaria salvadoreña. Sabe cómo comprar y cómo venderse. Así fue que terminó creando su propio partido, Nuevas Ideas, un templo sin ideas ni dogma hecho para hacer del Estado una máquina de sembrar el odio y atropellar los derechos humanos. Con sus influyentes amigos y admiradores avalados por claras mayorías electorales –Milei, Noboa, Kast, Fujimori o De la Espriella–, le mostró al mundo de la política el formidable peso de las redes, de TikTok, YouTube o Instagram. Se los comió a todos y ahora, con fantásticos índices de popularidad, se echó a dormir la siesta. 

Es promesa de Flavio: Brasil sin miedo

Entre tantos admiradores americanos del salvadoreño Nayib Bukele a los que desvela la inseguridad, o mejor aún la sensación de inseguridad meticulosamente instaurada por la ultraderecha y su sistema de medios y redes, el brasileño Flavio Bolsonaro ocupa un lugar de privilegio. El hijo de Jair, el ex autócrata y convicto sentenciado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, ya anunció que de ganar las elecciones de octubre se propone “imponer la paz” mediante un régimen de terrorismo de Estado que contempla la erección de cinco cárceles para medio millón de nuevos prisioneros, una escala de penas “ejemplar” para los mayores de 14 años y la castración química de los violadores.
Antes de recibir la bendición de Milei –que hipotecó las relaciones plenas entre los dos grandes sudamericanos al viajar para insultar al presidente Lula da Silva y manifestar in situ su empalagosa admiración por los Bolsonaro, padre e hijo– y tras ofrendarle un imaginario triunfo electoral a Trump, Bolsonaro dio a conocer su plan “Brasil sin Miedo”; 12 terroríficos puntos que arrobaron al argentino, elogiados por el salvadoreño y glorificados por el norteamericano.
El programa de gobierno –así fue presentado «Brasil sin Miedo»– contempla la declaración de los dos gigantes brasileños del narcotráfico (el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital) como “organizaciones terroristas transnacionales”. El rótulo impuesto por la Casa Blanca y adoptado por Bolsonaro le facilita a EE UU su intervención militar en tierras extranjeras. El plan también prevé la creación de un Sistema Nacional de Fronteras para “abordar el problema de la inmigración”, una fuerza de seguridad con tropas de élite terrestres y aéreas equipadas con drones y otra parafernalia. (Brasil tiene fronteras con todos los países sudamericanos menos Chile y Ecuador, y con ninguno tiene problemas de límites o tráfico de personas).