Por: Noticias ONU

PMA/Htet Oo Linn -Una mujer que huyó de su hogar debido a la violencia mira por la ventana de su refugio temporal en Sittwe, Myanmar.

Tortura, reclutamiento forzoso, trabajo infantil, extracción salvaje de minerales críticos. En Myanmar, las violaciones cometidas contra los civiles se combinan con una economía depredadora que contribuye a alimentar el conflicto. En un nuevo informe, la ONU describe un país donde el colapso del Estado de derecho expone a las minorías, especialmente a los rohinyás, a una violencia cada vez más sistemática.

En un nuevo informe que cubre el período del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documenta la creciente imbricación en Myanmar de la violencia contra los civiles y las actividades ilícitas, ya sea la extracción de tierras raras o la trata de seres humanos.

Los rohinyás siguen siendo una de las primeras víctimas de esta dinámica. Nueve años después de la violencia de 2017, que empujó a cientos de miles de miembros de esta minoría musulmana a huir a Bangladesh, los que aún residen en el estado de Rakhine, en el suroeste de Myanmar, sufren ahora los abusos de varias fuerzas armadas.

El informe da cuenta de detenciones de rohinyás que intentaban escapar del reclutamiento forzoso y describe los abusos sufridos durante la detención. 

"Una vez detenidos, los individuos declararon haber sido víctimas habituales de malos tratos; antiguos detenidos describieron palizas con cañas de bambú, tubos de goma y cinturones; quemaduras con cerillas y cigarrillos; ser suspendidos cabeza abajo y hacer girar el cuerpo hasta perder el conocimiento; la aplicación de chile en los genitales; y el arrancamiento de uñas", se lee en el documento.

El Ejército de Arakan

Perseguidos durante mucho tiempo por el ejército birmano, los rohinyás se enfrentan ahora también al Ejército de Arakan, un grupo armado de la mayoría budista rakhine que ha extendido considerablemente su control territorial a raíz de la guerra civil.

En el norte del estado de Rakhine, la Oficina del Alto Comisionado le atribuye detenciones arbitrarias, actos de tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas, así como el recurso al trabajo y al reclutamiento forzosos. El grupo también es acusado de confiscaciones de tierras y bienes, y de destrucción de aldeas y lugares religiosos y culturales que han provocado nuevos desplazamientos de rohinyás.

El ejército birmano sigue utilizando simultáneamente bombardeos aéreos, incendios y desplazamientos forzados, mientras el acceso a la ayuda humanitaria sigue siendo obstaculizado. Atrapados entre los diferentes beligerantes, los civiles ven así cómo se cierran las posibilidades de refugio.

Los niños no escapan a esta explotación. Testigos interrogados por la ONU dijeron haber visto a niños de apenas seis años desbrozar la jungla, construir edificios o realizar tareas subalternas para familias del estado de Rakhine. "En un caso, un niño fue obligado a recoger los huesos y los cráneos de las víctimas de una masacre", explica el informe.

La guerra subterránea de las tierras raras

A esta violencia armada responde otra depredación, menos visible pero en plena expansión. El colapso del Estado de derecho ha convertido algunas regiones de Myanmar en terrenos privilegiados para la extracción ilegal de minerales, la producción de droga, la trata de seres humanos y los centros de estafa en línea. Estas actividades generan ingresos que a su vez alimentan a las redes armadas y criminales.

El fenómeno es especialmente dramático en los estados de Kachin y Shan, donde la explotación de tierras raras se ha disparado desde el golpe de Estado militar de febrero de 2021.

Las imágenes de satélite analizadas en el informe muestran que Kachin sigue siendo el epicentro de esta industria: 302 nuevos sitios mineros han sido censados desde 2021, lo que supone un aumento del 149%. En el estado de Shan, su número ha pasado de 12 antes del golpe a 85 desde entonces. A falta de datos oficiales, la magnitud exacta de esta economía sigue siendo difícil de medir, pero los flujos comerciales relacionados con estos recursos habrían alcanzado un máximo de 1400 millones de dólares en 2023.

El asunto va mucho más allá de las fronteras birmanas. ONU Derechos Humanos subraya que esta explotación favorece la expansión de redes criminales transnacionales y va acompañada de prácticas comerciales irresponsables y de una contaminación que podría afectar a los países vecinos. También plantea la cuestión de la responsabilidad de las empresas y los inversores situados aguas abajo de estas cadenas de suministro.

"Este informe dibuja un cuadro desgarrador de sufrimiento, miseria y crueldad en varios niveles y en todo el país", declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instando a Estados, empresas e inversores a "una profunda introspección" sobre sus responsabilidades.

Rohinyás siguen sin refugio

La publicación se produce mientras el Secretario General de la ONU, António Guterres, pidió el lunes que la crisis de los rohinyás vuelva a situarse en el primer plano de la agenda internacional, casi una década después de los "horribles acontecimientos de 2017".

En Myanmar, al igual que en Bangladesh y en el resto de la región, "los rohinyás se enfrentan a una creciente inseguridad, a un espacio de protección que se reduce y a unas perspectivas cada vez más reducidas de soluciones duraderas, una situación exacerbada por los recortes presupuestarios que afectan a la ayuda vital", declaró su portavoz, Stéphane Dujarric.

Para los que permanecen en Myanmar, la huida se ha vuelto peligrosa. La ONU alerta del creciente número de rohinyás que mueren en el mar y pide a los Estados de la región que refuercen las operaciones de rescate, permitan desembarcos seguros y combatan las redes de trata.

A la violencia física se añade por último una presión más difusa: el avance de la desinformación y los discursos de odio dirigidos contra la minoría. Casi nueve años después del éxodo masivo de 2017, el balance de la ONU es el de una población que, tanto en Myanmar como en las rutas del exilio, tiene cada vez más dificultades para ponerse a salvo.