Por: Fuente: - SERVINDI
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La solicitud de facultades legislativas delegadas planteada por el gobierno de Keiko Fujimori busca modificar las leyes de áreas naturales protegidas (ANP) y de reservas indígenas para hacer posible la explotación de hidrocarburos en estas.
Así lo denuncia el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) que recuerda que las áreas protegidas “son patrimonio natural del Perú y garantía para la vida”.
Son espacios de alta biodiversidad, fundamentales para la seguridad hídrica, climática y alimentaria, y conservan ecosistemas que absorben grandes cantidades de carbono y regulan el clima.
Abrir las puertas al ingreso de actividades extractivas revela que el gobierno desconoce su valor estratégico y la especial importancia que tienen para los pueblos indígenas y originarios.
En consecuencia el Grupo de Trabajo solicita al Congreso que antes de otorgar facultades delegadas, considere que el Perú ha suscrito y ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante el gobierno de Alberto Fujimori.
En su Artículo 2 inciso 1 establece la responsabilidad de los gobiernos de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada para proteger sus derechos y garantizar su integridad.
En el proceso de preparación y aprobación de la propuesta de facultades legislativas, los pueblos indígenas u originarios no están siendo convocados ni escuchados pese a que las normas que se pretenden expedir los pueden afectar significativamente.
La solicitud de facultades delegadas del gobierno busca también que acelerar los permisos ambientales para proyectos haciendo que se den por aprobados sin que haya concluido la evaluación del impacto ambiental cuando el trámite demora.
Aprobar el EIA de un proyecto sin haber determinado sus impactos y las acciones para mitigarlos es abrir paso a la destrucción y depredación, poniendo en riesgo nuestras condiciones de existencia y en particular, de los pueblos indígenas u originarios.
Las ANP son ecosistemas frágiles que pueden ser fácilmente afectados produciendo daños difíciles y costosos de revertir, como el derrame de crudo, y la contaminación de los suelos y cuerpos de agua.
La construcción de carreteras, pozos, campamentos fragmentan los ecosistemas y los ruidos ahuyentan a los animales.
Además, los pueblos indígenas u originarios pierden el control sobre su territorio y se agudiza la crisis alimentaria al romperse el equilibrio ecologico que los sustenta.
Para evitar sacrificar las ANP urge planificar un cambio de matriz energética con una política específica que defina metas a corto plazo para abandonar el uso de hidrocarburos y reemplazarlos por otras energías alternativas.
El Estado peruano viene postergando la necesidad de una política energética que evite el consumo de hidrocarburos que emiten gases efecto invernadero a la atmósfera, causa principal del calentamiento global y la crisis climática.
La solicitud de facultades legislativas delegadas también tiene como propósito debilitar la protección de las reservas indígenas para facilitar la actividad extractiva de gas y petróleo.
Estamos ante “un acto de insensibilidad y crueldad pues las reservas indígenas son espacios de vida de los pueblos en situación de aislamiento y de contacto inicial (PIACI)”.
Debemos tener presente que las reservas indígenas son lugares donde los PIACI se han refugiado para protegerse de un conjunto de amenazas, dada su alta vulnerabilidad.
“Quitar o reducir la protección que tienen puede significar su desaparición” enfatiza el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH.
“Las ANP y las reservas indígenas no son territorios de sacrificio. Son patrimonio del país, espacios de vida y reservas indispensables para nuestro futuro. Por ello, rechazamos cualquier intento de flexibilizar su protección”.