Por: Boyanovsky Bazán. Fuente: Tiempo Argentino

En un clima enrarecido por la cercanía de las elecciones, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, busca hacer equilibrio entre presiones externas y medidas macroeconómicas, mientras puertas adentro ve de cerca una disputa judicial entre dos jueces de altísimo perfil del Supremo Tribunal, que tiene tinte electoral e involucra indirectamente al candidato opositor, Flávio Bolsonaro.

En una jugada que presentó como de defensa de la soberanía nacional, Lula consiguió que el Congreso aprobara este jueves una ley para impulsar la extracción de minerales críticos, una de las prioridades del presidente y candidato a la reelección, que tiene un impacto extra frente a las presiones arancelarias de Donald Trump. La medida busca promover la exploración de minerales críticos y tierras raras a través de incentivos fiscales de hasta 5000 millones de reales (unos U$S 980 millones) para quienes inviertan en este campo a lo largo de cinco años. Pero lo más importante es que prevé la creación de un consejo gubernamental que regulará el sector, tendrá poder de veto sobre cambios de control societario en las empresas, e intaurará un registro obligatorio para los proyectos.

«Va a posibilitar la generación de empleo y renta en territorio brasileño, agregando valor a los minerales críticos que Brasil posee y que lamentablemente estaban siendo exportados brutos», señaló el senador Eduardo Braga durante el debate por la aprobación del proyecto.

Brasil cuenta con una de las mayores reservas mundiales de estos materiales esenciales para la transición energética y en ese camino busca también posicionarse en la región, como lo hiciera Alemania en Europa. De hecho, un día después de la aprobación de la ley Brasil autorizó la contratación de un crédito de hasta 1000 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Eco Invest Brasil para acelerar la transición ecológica y atraer inversiones.

El interés global por los minerales tiene como protagonista a los Estados Unidos, entre otros. El gobierno de Donald Trump sostiene un arancel del 25% a productos brasileños en represalia por la hegemonía del sistema de pagos PIX, que perjudica, en la visión del estadounidense, a empresas de crédito de su país, y por otro lado, por las restricciones al acceso al mercado del etanol. La semana pasada, los ministros de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, y de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Márcio Elias Rosa, reclamaron ante el representante comercial de Estados Unidos lo excesivo del impuesto trumpista, en una reunión virtual que aún no arrojó resultados.

El dedo de la Unión Europea

El conflicto en el comercio exterior se profundizó al finalizar la semana cuando la Unión Europea (UE) decretó la suspensión de la entrada de productos de origen animal de Brasil en los 27 países miembros. “La medida afecta a la carne vacuna, porcina y de pollo, además de la miel, el pescado y los huevos, y podría afectar hasta US$ 2 mil millones anuales en exportaciones brasileñas”, apuntó la Agencia Brasil. Frente a ello, productores y representantes de la industria brasileña de carne manifestaron preocupación por el impacto del bloqueo en una industria con una participación relevante en las exportaciones al mercado europeo. La restricción, sin embargo podría revertirse, ya que se debe a que el bloque considera insuficientes los mecanismos brasileños de control del uso de antimicrobianos en la producción animal.

El clima electoral siguió agitado en el ámbito judicial, donde una denuncia por corrupción enfrenta a dos ministros del Supremo Tribunal de Justicia (STF), uno de ellos, Alexander de Moraes, con una fuerte presencia pública por intervenir en la causa que mantiene preso a Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado de 2022. La causa involucra al expresidente del Banco Master, Daniel Vorcaro, investigado por una presunta trama fraudulenta que dejó un agujero financiero de 12.000 millones de reales y 1,6 millones de afectados. El caso lo lleva otro de los supremos, el juez André Mendonça, señalado como muy cercano a Bolsonaro. Mendonça habría dejado filtrar el informe de la Policía Federal en el que da cuenta de mensajes entre de Moraes y Vorcaro. Analistas en Brasil creen que lo hace para favorecer a Flavio Bolsonaro en las elecciones, según reflejó el sitio Brasildefato.com.br. Ahora el presidente del STF, Edson Fachin, ordenó a los dos ministros, a la Fiscalía General y a la Policía Federal que proporcionen información detallada sobre el informe en un plazo máximo de cinco días.

Sobre el caso, el presidente Lula da Silva afirmó que «es fundamental que se investigue a todo el mundo» en el caso del Banco Master, «sin blindar a nadie, duela a quien duela».