Por: Codehupy.

La reforma agraria es una deuda histórica del Estado paraguayo y un mandato constitucional de justicia social. Según los datos recogidos, los medianos y grandes productores representan apenas el 7,3 % del total, pero concentran el 93,7 % de las tierras cultivadas. En contraste, la agricultura campesina representa el 92,7 % de los productores y ocupa apenas el 6,3 % de esa superficie.

Esta profunda desigualdad exige fortalecer las políticas de acceso a la tierra y proteger el patrimonio público destinado a la reforma agraria. En ese contexto, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay y las organizaciones indígenas y campesinas expresan su preocupación por la propuesta del Poder Ejecutivo de modificar el Estatuto Agrario y la Ley del INDERT, particularmente por los disposiciones que: 

Amplían las facultades de la presidencia del INDERT para disponer la venta directa de tierras, concentrando decisiones sobre inmuebles públicos y debilitando los mecanismos de supervisión de la Junta Asesora y de Control de Gestión. 

Permiten la venta de tierras a personas que no son beneficiarias de la reforma agraria, lo que podría desvirtuar el destino de inmuebles públicos destinados a garantizar el acceso a la tierra de las comunidades campesinas. 

Podrían favorecer una mayor concentración de la tierra, al facilitar la acumulación y regularización de ocupaciones de tierras públicas por parte de personas que no reúnen los requisitos establecidos para ser beneficiarias de la reforma agraria.

Desde Codehupy y las organizaciones indígenas y campesinas valoran las medidas orientadas a reducir los costos y facilitar la titulación de las familias campesinas, incluidas aquellas comunidades ya asentadas que esperan desde hace años regularizar sus tierras. Estas medidas, sin embargo, deben estar acompañadas de presupuesto suficiente para el INDERT y de políticas que garanticen que las tierras públicas mantengan su finalidad social.

Por ello, solicitan que no se aprueben las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo que amplían las facultades de la Presidencia del INDERT para vender tierras y permiten su venta a personas que no son sujetos de la reforma agraria.

Asimismo, hacen un llamado a desarrollar un debate amplio, público y participativo, con la participación de todos los sectores involucrados, especialmente de las comunidades campesinas e indígenas.

A su vez, alertan que de aprobarse estas disposiciones sin las debidas salvaguardas, el Estado podría desprenderse de tierras destinadas a la reforma agraria, reduciendo la disponibilidad de este patrimonio público para los sujetos de la reforma agraria establecidos por la legislación: las comunidades indígenas y campesinas que históricamente esperan acceder a ellas.