Por: Daniela Gómez Rivas, directora de La Liga Contra el Silencio.

Apenas ha transcurrido un mes desde la posesión de Abelardo de la Espriella y el panorama de la libertad de prensa en Colombia ya enfrenta una regresión alarmante. Lo que durante la campaña electoral se perfilaba como una tensa relación con el periodismo crítico, hoy se ha traducido en directrices oficiales y decisiones administrativas que amenazan con silenciar las voces incómodas en todos los rincones del país.

El primer gran campanazo de alerta ocurrió con el apagón informativo y la estigmatización que sufren las regiones más vulnerables del país. La decisión de Inravisión de suspender de forma generalizada la programación informativa y territorial de las 20 emisoras de paz y de la red de radio pública descentralizada —reemplazándola por una parrilla exclusivamente musical y centralizada desde Bogotá— desconoció de tajo el Acuerdo Final de Paz. Al amparo del mal manejo dado por el gobierno anterior al sistema de medios públicos, el actual Gobierno dejó a más de 463.000 ciudadanos en territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) sin su principal, y a veces única, fuente de información oportuna sobre el orden público, emergencias o desplazamientos.

Y aunque se ha anunciado el restablecimiento de las emisoras, no se conoce aún si estas serán libres de informar lo que ocurre en sus regiones, que fue para lo que fueron creadas, o si se impondrá el contenido desde Bogotá y se vetará también la existencia de un sistema informativo, como se ha anunciado.

Para colmo de males, a este apagón regional se suma una peligrosa campaña de estigmatización por parte de figuras aliadas del oficialismo, como los senadores Enrique Gómez y Sara Castellanos, quienes, de manera irresponsable, han tildado a estas emisoras de paz como “nidos de propaganda” o “megáfonos” de grupos armados. En un país donde informar en el territorio históricamente ha costado la vida, asociar sin sustento a periodistas con organizaciones al margen de la ley destruye cualquier garantía de seguridad física y promueve la autocensura como única vía de supervivencia.

Otro duro campanazo se dio en el sector privado, con la intempestiva salida del aire del programa Mañanas Blu, dirigido por Camila Zuluaga. Aunque Caracol Televisión justificó el fin del espacio y la terminación de los contratos de su equipo de trabajo bajo criterios estrictamente económicos, la decisión resulta difícil de asimilar en el contexto político actual. Blu Radio mantiene un liderazgo indiscutible en audiencia e influencia, y Caracol es uno de los pocos grupos de medios con balances financieros positivos en el país. La lectura inevitable es política. El cierre del espacio conducido por una de las periodistas que con mayor firmeza interpeló al hoy mandatario durante la campaña genera un devastador “efecto disciplinador”. El mensaje que recorre las redacciones es claro y paralizante: el disenso es una marca costosa que las empresas privadas prefieren no asumir para no malograr sus relaciones con el poder.

Esta asfixia en el sector privado coincide con un cerco informativo sin precedentes desde el sector público. La Presidencia de la República ha impuesto una serie de lineamientos que restringen el libre ejercicio periodístico: veto a ruedas de prensa y entrevistas para los medios que no sean calificados como “amigos”, limitación de las intervenciones de ministros a declaraciones oficiales sin opción de preguntas, y la centralización absoluta de la información oficial a través de la vocería de la Presidencia. Estas barreras no hacen más que oficializar las tácticas de campaña de De la Espriella, cuando ordenaba a su equipo ignorar solicitudes de entrevistas de periodistas críticos y limitaba sus comparecencias a espacios donde se conocieran previamente las preguntas.

El acceso a la información pública no es un privilegio que el gobernante de turno pueda dosificar a su antojo o entregar como premio a la afinidad política. Como bien lo recordó la Corte Constitucional en su reciente Sentencia SU-018 de 2026, la prensa goza de una protección reforzada precisamente porque el control democrático depende de su capacidad de interpelar al poder. Cuando el Gobierno bloquea las preguntas, estigmatiza las voces locales y los conglomerados privados se pliegan a la complacencia por temor a represalias regulatorias o comerciales, el derecho constitucional a informar y ser informado se desvanece. En este nuevo escenario, defender el periodismo libre no es un asunto corporativo, sino un imperativo de supervivencia democrática.