Por: Agencia Pressenza

(Imagen de Pixabay-Mastertux)

En una avanzada más de sus decisiones en contra de la paz, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cerró oficialmente tres mesas de diálogo que habían sido instaladas durante el Gobierno de Gustavo Petro como parte de su política de “paz total”. 

La decisión afecta las conversaciones con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), los Comandos de la Frontera y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Además, retiró el reconocimiento jurídico a los representantes y negociadores de estas organizaciones. El presidente colombiano argumentó que no había encontrado voluntad «“real y verificable” de abandonar las armas, reincorporarse a la vida civil o someterse a la justicia.

Se confirmá así el giro completo en la política de paz del gobierno de Petro y se reconfirma la orientación del nuevo gobierno colombiano que apunta a la seguridad, la acción militar, la persecución judicial y la reactivación de órdenes de captura y extradiciones. La decisión se produce después de que el gobierno de De la Espriella autorizara la extradición de varios dirigentes de grupos armados y en un contexto de creciente violencia, particularmente en regiones como el Catatumbo. El reciente ataque del ELN contra un cuartel militar en Ocaña, que dejó tres militares muertos y varios heridos, ha reforzado el discurso oficial de que las organizaciones armadas deben ser enfrentadas mediante la fuerza del Estado.

Se abren así interrogantes sobre el futuro de los procesos de reincorporación y sobre las posibilidades de una salida negociada. Algunos grupos y excombatientes habían avanzado en procesos de desmovilización o reintegración vinculados a las negociaciones anteriores, por lo que la ruptura puede dejar compromisos pendientes y personas en situación de incertidumbre. La decisión también ocurre mientras el Gobierno intensifica las operaciones militares, incluidos bombardeos contra estructuras armadas, una estrategia que ya ha provocado controversias por la muerte de menores reclutados por estos grupos y medidas judiciales para limitar ataques cuando existan indicios de presencia de niños y adolescentes. En ese escenario, lo más probable, es que lla ofensiva militar termine profundizando el ya largo ciclo de violencia que ha marcado la historia colombiana.