Por: César Verduga Vélez. Exministro de Gobierno de Ecuador y consultor. Desde México.
Foto: Freepik.
El 26 de agosto México aprobó la reglamentación de la Ley de Defensa de las audiencias. Fue una buena coincidencia con la presentación del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizado el 1 de septiembre, porque ese acto constitucionalmente obligatorio se transformó en un capítulo más de la guerra de narrativas que en México libran el gobierno y la oposición.
Hubo programas en la televisión comercial, habitualmente opositora, que buscaron presentar a una presidenta que minutos antes de su discurso tenía hipertensión por la crisis nerviosa que le provocaba el evento. Motivó ese relato la burla de los medios públicos, que calificaron el montaje como una prueba más de la incapacidad de la oposición para debatir con seriedad sobre los temas del país, recurriendo a farsas plagadas de misoginia.
Lo que nadie pudo discutir es que la encuestadora Mitofsky, lejana al gobierno, consignó que la presidenta Sheinbaum tiene el 71,4% de aprobación, y que el INEGI consignó que la población mexicana muestra un 8,75 de Bienestar Autorreportado. Y eso no es un milagro insólito. Las cifras del informe presidencial consignan que al desarrollo social —que incluye subsidios, becas, inversión en educación, salud y vivienda social— se destina el 41% del Presupuesto General del Estado. Y los organismos del sistema de la ONU acreditan que México tiene un gasto social en 2026 de 15,5% del PIB, superior al promedio latinoamericano del 11%.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Foto: Xinhua
Esta introducción es necesaria para ilustrar el tema de esta nota. Ahora en México cualquier ciudadano, político, empresario o trabajador puede exigir a un medio de comunicación que corrija su información, que diferencie entre información objetiva, interpretación subjetiva o propaganda. La reglamentación de la defensoría de las audiencias permitirá que la información falsa sobre el segundo informe de la presidenta Sheinbaum, transmitida por algunos medios comerciales, sea corregida por mandato de una ley ya reglamentada.
Eso es un avance en uno de los más importantes temas de nuestra época: la necesidad de regular la esfera digital y la I.A.
En Estados Unidos no hay aún una ley federal sobre este crucial tema. Pero hay varias legislaciones estatales y un debate entre los oligarcas tecnológicos muy interesante e importante por la gravitación que ese núcleo del poder estadounidense tiene.
Los estados en los cuales se aprobaron leyes con un mayor repertorio de temas fueron: California, Nueva York, Texas, Illinois, Florida, Indiana, Kentucky, Colorado, Georgia, Minnesota, Oregón y Washington. Al respecto, el presidente Donald Trump se muestra partidario de expedir una ley de validez nacional, argumentando que el mosaico de normas estatales le resta competitividad a Estados Unidos frente a China. Pero hasta ahora la posición de la Casa Blanca no ha conseguido el apoyo del Congreso.

Donald Trump.
Foto: The White House
Las reflexiones trascendentales en Estados Unidos son las que ocurren entre el núcleo de oligarcas tecnológicos.
Bill Gates (cofundador de Microsoft):
Históricamente optimista, Gates ha cambiado su tono hacia una postura de profunda alerta, afirmando que «esta vez es diferente» y que la tecnología avanza más rápido de lo que la sociedad puede asimilar. En sus manifiestos más recientes, como su ensayo «La turbulenta era de la IA ya está aquí», propone medidas drásticas:
Dario Amodei (CEO de Anthropic) y científicos de OpenAI, Google y Meta:
Más de 1.200 empleados de alto nivel y líderes de las principales firmas de IA firmaron una petición urgente pidiendo al gobierno de EE. UU. herramientas para «marcar el paso» (frenar deliberadamente) el desarrollo de modelos avanzados si la seguridad no va a la par de las capacidades. Anthropic y OpenAI acordaron dar acceso exclusivo al gobierno estadounidense para evaluar la seguridad de sus modelos antes de lanzarlos al público.
Elon Musk (CEO de Tesla, xAI y SpaceX):
Ha sido uno de los críticos más vocales desde el principio. Musk fue promotor principal de la famosa carta abierta que pedía una pausa de seis meses en los experimentos gigantes de IA (superiores a GPT-4) e insiste constantemente ante el Congreso en la necesidad de un «árbitro independiente» para evitar riesgos existenciales.

Elon Musk.
Foto: Agencia Noticias Argentinas
Sam Altman (CEO de OpenAI):
Aunque su postura ha fluctuado —pidiendo regulaciones ligeras para no perder la carrera contra China— ha admitido públicamente ante el Senado estadounidense que si la IA sale mal, «puede salir muy mal». Altman ha defendido la creación de una agencia federal que otorgue licencias obligatorias, realice auditorías independientes y aplique pruebas de seguridad antes de que un modelo masivo sea liberado al público.
Brad Smith (presidente de Microsoft):
Aboga activamente en Washington por una regulación basada en el riesgo y centrada en proteger los derechos de autor de creadores y periodistas, así como en mecanismos estrictos de marcas de agua para combatir la desinformación masiva generada por deepfakes.
Las razones por las que estos líderes exigen leyes inmediatas se agrupan en cuatro frentes:
Esta nota se ha centrado en dos países que comparten una frontera dinámica de más de tres mil kilómetros y tienen relaciones de cooperación y discrepancias. Mas el tema de la regulación de la esfera digital y la I.A. es universal.
Evocamos las reflexiones de Karl Marx en los Grundrisse, escritas hace más de 160 años, pronosticando la automatización: “Si las relaciones sociales de producción no cambian, el avance tecnológico que podría liberarnos se convierte en una fuerza destructiva”.

Karl Marx.
Hoy la humanidad debe regular la esfera digital y la I.A., porque es un camino hacia el reino de la libertad o hacia el imperio de la barbarie.