Por: Andrés Gaudín. Fuente: Tiempo Argentino.

UE- Canadá.

Los aranceles y los insultos de la Casa Blanca podrían desembocar en una alianza inédita entre Ottawa y una Europa que la espera con alfombra roja, aunque padece colosales turbulencias internas. El rol estratégico de Rusia y China.

En pocos días el avispero del hemisferio norte, del lado occidental, entró en ebullición y hasta parece que su entramado geopolítico podría mutar. Abortar procesos integracionistas, apresurar procesos independentistas, todo pasó en tres semanas. Cuando muchos deseaban que la helada Islandia le insuflara una nueva savia a la Unión Europea (UE), se precipitó la desilusión. La isla decidió soberanamente quedarse en su lugar, con sus antiguos hielos, sus codiciados peces, su saludable PBI y su inflación mínima. Como si de compensar se tratara, tres de los cuatro países de la Gran Bretaña (Escocia, Gales e Irlanda del Norte) retomaron su deseo de volver a la UE, el espacio perdido cuando un maldito referéndum los ahogó en el “Brexit”, con puntualidad británica, a las 23.00 GMT del 31 de enero de 2020.

En esta historia mucho tuvo que ver la extraña diplomacia de los manotazos, los aranceles y los insultos puesta en marcha desde la casa matriz imperial por un arrogante y desquiciado señor presidente.

Y no sólo porque en el último arrebato incluyó hasta la lejana Islandia en el plan anexionista, amordazándola con el mismo trapo –como se dice ahora– de las barras y las estrellas. Si no, también, porque en la Casa Blanca y en la ultraderecha norteamericana siguen actuando con el desconocimiento de la dinámica dialéctica, como si fuera el mundo una foto y Canadá, por ejemplo, no pensara reaccionar cuando lo atacan con aranceles asesinos y suicidas a la vez, porque parecen ignorar que ambos países desarrollan la mayor relación comercial bilateral del mundo (U$S 900 mil millones/año). Pero Canadá reaccionó.

Reaccionó y estrechó la mano de la UE, un gesto que ambos necesitan como el oxígeno que los humanos exigen trece veces por minuto. Así, en ese avispero revuelto, Canadá pasó a ocupar un lugar central y en su cuasi decisión de integrarse a la UE hasta podría arrastrar a dos de las principales ex colonias (Australia y Nueva Zelanda), ambas víctimas también del divorcio del Brexit y protagonistas, con Estados Unidos y Europa, de acuerdos estratégicos de profundo significado económico y militar. Cultural también, pero eso poco importa cuando de lo que se habla y se trata es de sumas siderales. Y así fue que, forzado, Canadá podría romper el tratado de libre comercio con Estados Unidos y México para mudarse de continente y sumarse a la UE, todavía no se sabe bajo que estatuto jurídico.

El lema parece claro. Alguien dijo en estos días, mientras trascendían detalles de lo hablado hasta ahora, que las potencias intermedias deben actuar juntas porque si no están en la mesa, sentadas, estarán en el menú, para que las deglutan. Hay un camino de aproximación que se abrió, borrosamente, a inicios del año. Luego, en marzo, fue la cancillería francesa la que habló de candidatos “inesperados” para integrarse a la UE y citó que uno podría ser Canadá. Y después fueron las autoridades europeas, amplificadas por medios “de primera”, como el The Wall Street Journal y Blumberg. Para un quejoso analista de las áreas en crisis, si Canadá terminara anclando en la UE, Trump habría dado otro paso en la demolición de la estructura de alianzas sobre la que descansa el predominio global de su país.

A inicios de este mes la presidenta de la Comisión Europea, la belga Úrsula von der Leyen, sorprendió a los 27 de la UE diciéndoles que Canadá se convertirá en el primer “miembro asociado”, una figura legal inexistente. La noticia llegó casi como un bálsamo, días después de que Islandia rechazara en un referéndum la idea de retomar negociaciones de integración que había congelado en 2015. Temerosos de resignar una buena dosis de soberanía y la independencia para decidir sobre su industria pesquera –el 40% de sus exportaciones está representado por la captura del bacalao y el abadejo– los islandeses le dieron una bofetada a una unión que los esperaba con la alfombra rojo. La votación puso en la mira la visión más amplia de la seguridad en momentos en que el bloque depende crecientemente de la inclusión de nuevos miembros para reforzar su influencia y su seguridad a nivel global.

La ampliación de la institucionalidad comunitaria es también cosa de seguridad e influencia geopolítica. A falta de Islandia, bueno es Canadá y la corte que podría acompañarlo. Para las fuentes, acercar a los vecinos reduce la inestabilidad fronteriza y limita la tan temida y aún imaginaria influencia de Rusia y China en Europa oriental y los Balcanes occidentales (Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia). Un bloque ampliado, cierra el razonamiento, representaría además un mercado y una población mayores y reforzaría la capacidad de negociación en comercio, política exterior y energía. Los seis de los Balcanes, por ejemplo, son rutas clave entre distintas áreas del continente y podrían desempeñar un papel mayor en las vías europeas de energía e infraestructura.

Y de pronto, al zumbido del avispero se plegaron los tres países de la Gran Bretaña que no quieren seguir sujetos al fallido modelo de Whitehall –la avenida londinense donde se cocinan los detalles de la gestión centralizada de la política y la economía británicas– y se proponen “construir modelos que brinden justicia social y reduzcan la desigualdad en nuestros países”. Así lo explicaron los ministros principales del triángulo independentista en lo que titularon “Declaración de autodeterminación”. Allí, el lunes último dejaron dicho que “nuestro futuro está en la UE”. Y quedaron comprometidos en eso las tres agrupaciones dominantes, en conjunto la mayoría de los pueblos británicos: el Partido Nacional Escocés, el Partido de Gales y el irlandés Sinn Fein.

El domingo pasado el primer ministro canadiense, Mark Carney, explicó que su país busca una «alianza única» con la UE. Aunque pareciendo ser muy categórico no dio detalles sobre lo que todo pinta sería una hasta ahora inédita “asociación” que abriría la puerta a otros asociados (¿Escocia, Gales, Irlanda del Norte, Nueva Zelanda, Australia?). Los europeos, paralizados ante los aranceles de Trump, siguieron la disputa Canadá-Estados Unidos con una mezcla de interés y admiración: la UE aceptó dócilmente los nuevos aranceles del norteamericano y se abrió ansiosa a los potenciales asociados de cualquier latitud, mientras Carney los enfrentó con aranceles de represalia. Un analista de la BBC escribió en Londres, ironía pura, que la UE aún no es Eurovisión, el festival musical en el que Israel y Australia, claramente no europeos, pueden sin embargo competir.

Pero calma, todo llega.

La encarnizada pelea entre Sánchez y las derechas en España

La discusión sobre la legalidad o no del lobby y su escencia inmoral, es vieja en España (y en el mundo entero) pero tomó temperatura en los últimos días, cuando se va apagando el tórrido verano europeo. Y volvió a encender la larga pelea entre el presidente Pedro Sánchez y la exaltada oposición, encarnada puntualmente entre el PP y Vox. La acción de los grupos de interés y económicos es una actividad legal en España, básicamente por ausencia de regulación, lo que, según el gobierno socialista favorece a los grandes grupos concentrados ligados a la corrupción y a los favores políticos, y a la inclusión de datos falsos en el registro de grupos de influencia. De hecho, uno de los compromisos adoptados por Sánchez en el Congreso tras el estallido del caso Cerdán en julio de 2025, fue elevar una ley de regulación de lobbies. Lo hizo, pero el parlamento esta semana la rechazó con la fuerza de las derechas (179 votos) y la abstención de PNV, Podemos y tres diputados de Sumar. El PSOE y aliados reunieron 155 adhesiones. Sánchez fue al hueso sobre el voto de la derecha: “En el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos».
El gobierno aseguraba que buscaba “reforzar el marco español de transparencia e integridad pública” y cumplir con los estándares promovidos por la UE, la OCDE y el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. La caída del proyecto supone la pérdida de millones de euros en fondos europeos con los que el PE contaba, además de la imposibilidad de sancionar con multas de hasta 40 mil euros a los involucrados. Tal vez le de la razón que la ola de inscripciones en pocas horas de unas 250 empresas dedicadas sin tapujos a realizar lobby.