Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, manifestó estar en contra de las afirmaciones realizadas por la presidenta Keiko Fujimori en las Naciones Unidas el pasado 22 de setiembre, quien afirmó que «vencimos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de treinta y cuatro años, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados, a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido”.

“¿A quién se refiere? El 28 de julio y el 4 de agosto pasados dijo que respetaría la independencia de poderes, del Poder Judicial y de los jueces. Pero parece que lo olvidó. Porque ante Naciones Unidas ha hecho unas afirmaciones que no las puedo permitir como presidenta del Poder Judicial, las rechazo completamente” señaló la presidenta del Poder Judicial.

Janet Tello, respaldó el trabajo realizado por los profesionales que ejercen la justicia en el país. “Para vencer el terrorismo en nuestro país, militares y policías estuvieron al frente, pero también lo hicimos los jueces, también tuvimos jueces asesinados; y jueces que estuvieron a la altura, como se dice, cuando el Estado nos compelía. Porque jueces y juezas condenaron a terroristas que tuvieron bajo su competencia, juzgándolos con sentencias muy severas. Incluso, el cabecilla Abimael Guzmán, quien murió en prisión” afirmó.

Tello aclaró que cuando hay denuncias e investigaciones, le toca al Poder Judicial seguir el debido proceso para, finalmente, determinar si son o no culpables, por lo que recalcó la necesidad de respetar la independencia del Poder Judicial para una idónea actuación de parte de los jueces y juezas.

Blindaje político 

Las declaraciones de Keiko Fujimori en la ONU, a los procesos que se siguen a policías y militares, por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en la década de la violencia armada en el país, contrasta con las reformas legales recientes que se realizaron a este tipo de casos.

Así, el Congreso de la República pasado, mediante la Ley 32419 concedió amnistía a militares, policías y comités de autodefensa procesados o condenados durante la lucha antiterrorista entre 1980 y 2000. Esta ley fue observada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exigió a los jueces peruanos no aplicarla por tratarse de presuntos delitos de lesa humanidad.

Asimismo, actualmente, con la promulgación de la Ley 32735 se excluye del fuero civil ordinario los procesos de policías y militares, quienes serán juzgados en el fuero militar-policial. Amnistía Internacional calificó la medida como un paso hacia la impunidad institucional.