Por: Giorgio Trucchi. Fuente: Agencia Pressenza

Desde la victoria de 2023 hasta las promesas incumplidas: el presidente no logró romper el poder del «pacto de los corruptos» ni construir una relación estable con los movimientos que lo habían apoyado. A menos de un año de las elecciones, crecen el desencanto, las protestas y los temores ante el regreso de las oligarquías.

La victoria electoral de Bernardo Arévalo y su Movimiento Semilla en junio de 2023 había despertado en gran parte de la población la esperanza de que fuera posible una Guatemala menos desigual. A su lado se había movilizado parte de la población urbana y rural para defender una victoria que el llamado «pacto de los corruptos» quería frenar a toda costa. Este último es una alianza informal, transversal e impune de poder político, económico, judicial y militar, cuyo objetivo es la cooptación de las instituciones, el control del país y el saqueo de fondos públicos.

Durante unos 100 días, estructuras de gobierno comunitarias originarias —como la de los 48 cantones de Totonicapán, los municipios de Sololá y Sacapulas, y sectores de los pueblos Ixil, Ch’orti’, Xinka, Mam y Garífuna—, junto con organizaciones campesinas e indígenas, se habían manifestado en las calles contra los intentos de los órganos de justicia de anular las elecciones y declarar ilegal el movimiento/partido de Arévalo.

La justicia social, el desarrollo inclusivo, la lucha contra la corrupción y el rescate de las instituciones democráticas eran los ejes centrales del programa electoral del nuevo presidente. Temas que habían calado hondo y que lo habían llevado a ganar ampliamente la segunda vuelta (agosto de 2023), a pesar de la baja participación electoral (45%, con una reducción del 16% respecto a la primera vuelta).

Un soplo de aire fresco para una nación marcada por sangrientos conflictos armados, profundas divisiones raciales y un modelo económico impuesto por las clases dominantes (los ladinos). Un sistema fuertemente neoliberal, extractivista, agroexportador y oligárquico que, aunque garantiza una gran estabilidad macroeconómica, genera una profunda desigualdad social. Casi el 60% de la población vive por debajo del umbral de pobreza (Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Vida – Encovi 2023), un porcentaje que se eleva al 75% entre la población indígena y que alcanza picos del 90% en departamentos como Alta Verapaz (Instituto Nacional de Estadística 2024).

A este panorama se suma una tasa de trabajo informal que supera el 70%, una grave situación de desnutrición infantil crónica que afecta a alrededor del 44% de los niños menores de cinco años y una fuerte dependencia de las familias guatemaltecas de las remesas familiares. En 2026, estas alcanzaron la cifra récord de casi 18 mil millones de dólares, sosteniendo casi por sí solas el consumo interno. Una situación que, sin embargo, podría deteriorarse progresivamente debido a las restricciones migratorias de Estados Unidos: de hecho, durante los primeros ocho meses del año, las deportaciones hacia Guatemala aumentaron un 47,5% en comparación con el mismo período del año anterior, con un total de más de 46 mil personas repatriadas.

La profunda dependencia estructural de Estados Unidos —basta pensar que el 73% de las exportaciones a este país gozan de «aranceles cero», lo que vincula estrechamente la competitividad agrícola e industrial de Guatemala a las políticas de Washington— va de la mano con la política diplomática establecida por el presidente Arévalo, orientada a consolidar a Guatemala como un socio confiable y un aliado estratégico de Washington. Sin duda, se trata de una enorme espada de Damocles con la bandera de las barras y estrellas que pende amenazante sobre el destino del país.

Mientras tanto, mientras las grandes empresas disfrutan de enormes exenciones fiscales, el Estado sigue siendo uno de los más débiles del continente. Con una carga fiscal de apenas el 11-12 % del PIB —una de las más bajas del mundo—, las instituciones públicas enfrentan enormes dificultades para financiar políticas sociales e inversiones estructurales en beneficio de la población.

Democratizar las instituciones y saldar la enorme deuda del Estado en materia de memoria y derechos humanos era otra de las grandes expectativas depositadas en el nuevo gobierno. De hecho, cuando se habla de Guatemala, la memoria se remonta inmediatamente a las más de 200 mil víctimas del llamado «conflicto armado interno» —con más de 45 mil desaparecidos—, el 85 % de las cuales eran de etnia maya (Informe «Nunca Más» del proyecto interdiocesano REMHI de 1998; «Guatemala: Memoria del Silencio» de la Comisión de Aclaramiento Histórico de las Naciones Unidas de 1999).

La política de «tierra quemada», calificada por la Comisión de la ONU como genocidio, se tradujo en 626 masacres perpetradas por las fuerzas gubernamentales, violencia sexual sistemática contra las mujeres mayas, el infanticidio de miles de niños, el desplazamiento interno de casi 1,5 millones de personas y el exilio de más de 150 mil guatemaltecos.

Una enorme carga de responsabilidad para Arévalo, quien, a pesar de haber tenido que enfrentar desde el inicio el sabotaje político institucional, una difícil situación económica y un aparato judicial abiertamente hostil, nunca ha demostrado la capacidad o, tal vez, la voluntad de poner en práctica aquellas promesas de cambio contenidas en su programa de gobierno. Precisamente por eso, a menos de un año de las próximas elecciones generales (junio de 2027), el panorama de la nación centroamericana se ve cada vez más complejo y se agitan los fantasmas de un posible golpe de Estado.

“Sin duda, Arévalo se ha encontrado con grandes obstáculos en su camino; sin embargo, ha quedado claro cuán diferente es proclamar luchas ideológicas desde un escritorio en comparación con asumir la responsabilidad del liderazgo político de un país. La incapacidad demostrada en la práctica para coordinar acciones y estrategias con los movimientos y sectores que lo habían apoyado, junto con la falta de voluntad para dar protagonismo y participación a los sectores históricamente más vulnerables, marginados y discriminados, ha tenido efectos devastadores para el gobierno», explica a Pagine Esteri el coordinador del Consejo Político de los Sindicatos Globales de Guatemala, Francisco Mendoza.

Esta situación ha alimentado el creciente malestar entre la población y los movimientos aliados. Paralelamente, el ejecutivo no ha logrado incidir en el desmantelamiento de los grupos de poder —a menudo vinculados al crimen organizado— que siguen controlando el aparato estatal, económico y político del país. A este panorama se suma una compleja coyuntura internacional, cuyos efectos económicos pesan sobre las naciones centroamericanas a través del aumento del costo de los combustibles y, por lo tanto, de los bienes de primera necesidad. Un escenario aún más agravado por los impactos del cambio climático y una grave sequía, ante los cuales el gobierno de Arévalo se encuentra sin herramientas adecuadas para aliviar las repercusiones en toda la sociedad. Las protestas de los últimos días han sido reprimidas con varias detenciones y su supuesto vínculo con el crimen organizado —tesis planteada por el jefe de Estado— no se sostiene.

“El gobierno está perdiendo gran parte de su credibilidad y del apoyo político de la población, dando lugar a la frustración y el desencanto que podrían alejar aún más a los ciudadanos de la política. Este escenario se inserta en un contexto electoral fragmentado con más de treinta opciones políticas —aunque se habla incluso de cincuenta—, los llamados «partidos de cartón». Lo más probable, por lo tanto, es una oferta amplia pero cada vez menos significativa, frente a una participación en constante descenso, sobre todo entre los jóvenes. El escenario perfecto para que los grupos de poder oligárquico recuperen el control absoluto del país», sostiene Mendoza.

Según las últimas encuestas, el porcentaje de desaprobación del gobierno de Arévalo ha superado el 52 %, mientras que la situación de seguridad empeora con un aumento significativo de las muertes violentas, especialmente los feminicidios, la extorsión, los robos de armamento militar y las fugas de las cárceles.

Para Jubenal Quispe (Ollantay Itzamná), investigador, antropólogo y activista social, el escenario era ampliamente previsible. «Arévalo respondía a los intereses de los demócratas estadounidenses y contaba con el apoyo de la OEA (Organización de los Estados Americanos) y de las ONG financiadas por USAID. Representaba la simulación de una alternativa progresista en el corazón de Centroamérica, útil para desarticular el movimiento popular y devolver a Guatemala, cuatro años después, al statu quo anterior. Espero equivocarme, pero las próximas elecciones confirmarán precisamente esto: un gobierno aún más anclado en los grupos de poder y alineado con la línea trumpista y filosionista del Escudo de las Américas», declara a Pagine Esteri.

No todo, sin embargo, es para descartar. Según el analista, dentro de la maquinaria gubernamental hay figuras comprometidas a dar señales de cambio, especialmente en materia de proyectos sociales; esfuerzos que, no obstante, siguen siendo una gota de agua en un océano de continuidad.

“Basta con observar el enfoque geopolítico, en perfecta sintonía con el pasado: las puertas abiertas de par en par a la penetración estadounidense e israelí, tanto en el ámbito militar de reacción rápida como en el de las inversiones estratégicas en logística portuaria —una medida destinada a frenar la creciente presencia china en el sector—, hasta el apoyo político y diplomático a sus respectivas posiciones en los organismos multilaterales. Incluso los fondos de la USAID han sido reemplazados por recursos de Israel, cada vez más activo con proyectos y financiamiento, en un intento exitoso por penetrar y controlar el tejido social, neutralizando los conflictos y las reivindicaciones».

La consecuencia —explica el activista— es la pérdida total de confianza en las instituciones: los ciudadanos sienten que el Estado está ausente, salvo cuando se trata de explotarlos. “Por lo tanto, se vuelve imposible incluso solo pensar en construir un proyecto político en una situación de desconexión entre el aparato institucional y la sociedad”. Una trayectoria que, concluye Quispe, solo ha servido para apaciguar a los sectores populares comprometidos en la lucha contrahegemónica.