Por: Agencia InnContext

El cambio climático aumenta las necesidades de atención sanitaria y de cuidado. Al mismo tiempo, dificulta el trabajo de quienes sostienen esos servicios. Frente a este escenario, organizaciones sociales y sindicales plantean incorporar los sistemas de cuidado y la protección de sus trabajadores en los planes de adaptación y el financiamiento climático.

La propuesta fue abordada durante el encuentro “Frontline Defenders: Health, Worker Rights, and Care in a Changing Climate”, organizado por Solidarity Center y Fundación Avina en Nueva York, durante Climate Week. El intercambio reunió experiencias sobre cómo los derechos laborales y los servicios de cuidado pueden fortalecer la capacidad de las comunidades para responder a los impactos climáticos.

Agnieszka Raczynska, responsable de programa de Innovación Laboral de Fundación Avina, presentó hallazgos de la Climate and Care Initiative, que durante los últimos dos años apoyó a 23 organizaciones en 11 países de América Latina y África subsahariana. La iniciativa reunió a investigadores, organizaciones de trabajadores, organizaciones feministas y grupos comunitarios para explorar cómo el cambio climático transforma el cuidado.

Según Raczynska, el personal de salud, quienes realizan trabajo doméstico, los cuidadores comunitarios y quienes atienden a las infancias ya ayudan a las comunidades a prepararse, responder y recuperarse de los eventos climáticos. Sin embargo, siguen teniendo escasa presencia en los planes de adaptación, las discusiones sobre financiamiento y las estrategias de transición justa. “No hay un sistema de salud resiliente sin una fuerza laboral de salud protegida, apoyada y con recursos adecuados”, sostuvo.

La representante de Avina propuso ampliar la definición de infraestructura climática para incluir hospitales, redes comunitarias de salud, servicios de cuidado infantil, agua y saneamiento, sistemas de protección social y a los trabajadores que los sostienen. Advirtió que, cuando estos sistemas fallan, la carga se traslada a los hogares y las comunidades, especialmente a las mujeres, mediante más responsabilidades de cuidado no remunerado. “No podemos hablar de resiliencia cuando depende de un trabajo de cuidado invisible, sin financiamiento y agotador”, afirmó.

La negociación colectiva fue presentada como una herramienta concreta para enfrentar los riesgos del calor en el trabajo. Sonia Mistry, directora de Clima y Trabajo de Solidarity Center, compartió una investigación realizada en Camboya con aproximadamente 800 trabajadores durante seis meses, que incluyó el uso de monitores individuales de calor. Según explicó, los trabajadores sindicalizados pasaban un 51% menos de minutos de trabajo con temperaturas corporales inseguras que quienes no estaban sindicalizados.

Mistry también describió el acompañamiento a sindicatos para negociar acuerdos frente al estrés térmico en cinco fábricas de indumentaria de Camboya. Los acuerdos se adaptaron a las condiciones de cada establecimiento e incluyeron umbrales de temperatura que activan mecanismos de enfriamiento y permiten pausas más largas y frecuentes. La protección sindical, señaló, es clave para que los trabajadores puedan ejercer esos derechos sin temor a represalias.

El encuentro planteó que las inversiones en adaptación y transición justa deben contemplar tanto la continuidad de los servicios de salud y cuidado como las condiciones laborales de quienes los hacen posibles. Las experiencias presentadas vincularon la protección de los trabajadores, la organización colectiva y el fortalecimiento de las redes comunitarias con la capacidad de responder a las crisis climáticas.