Por: La Columna de Ibarrola. Fuente: https://www.lapoliticaonline.com/

Este domingo los candidatos en pugna no llegarán todos desde el mismo punto de partida. Algunos buscarán conquistar una municipalidad; otros competirán desde una estructura política que ya gobierna buena parte del territorio nacional. Ese es probablemente el dato menos visible de estas elecciones municipales.

Según los datos de 2025, los municipios paraguayos administran presupuestos que superan los G. 7,34 billones. De ese monto, alrededor de G. 5,23 billones corresponden a municipios actualmente gobernados por intendentes de la ANR y G. 2,11 billones a administraciones no coloradas, en una relación aproximada de 70/30.

El mapa se vuelve todavía más desigual al subir un nivel: 15 de las 17 gobernaciones están en manos de la ANR. En conjunto, los gobiernos departamentales administran alrededor de G. 3 billones.

Nada de eso compra automáticamente una elección. Presupuestos, funcionarios, vehículos, obras y presencia territorial no son votos. Los oficialismos pierden elecciones y los intendentes malos pueden perder incluso rodeados de recursos, como el clan Zacarías en Ciudad del Este. Pero es inocente pensar que controlar durante años semejante estructura territorial no constituye una ventaja.

La cuestión se vuelve más interesante cuando miramos de dónde sale el dinero. Acorde a los datos de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió aproximadamente G. 3,34 billones a los gobiernos subnacionales. A saber, G. 2,08 billones a gobernaciones y G. 1,26 billones a municipalidades. Esto revela cuán limitada es la autonomía financiera de muchos gobiernos locales.

En 121 de los 247 municipios para los cuales existe información consolidada, las transferencias recibidas durante 2025 equivalieron al 40% o más de su presupuesto vigente. Casi uno de cada dos, lo que desnuda una fuerte dependencia fiscal.

Según los datos de 2025, los municipios paraguayos administran presupuestos que superan los 7,34 billones. De ese monto, alrededor de 5,23 billones corresponden a municipios actualmente gobernados por intendentes de la ANR y 2,11 billones a administraciones no coloradas, en una relación aproximada de 70/30

El asunto es que Paraguay descentralizó responsabilidades sin descentralizar en la misma medida la capacidad de financiarlas. La Constitución reconoce la participación de municipios y departamentos en determinadas rentas, pero el país no desarrolló un verdadero régimen general de coparticipación de los grandes impuestos nacionales.

No existe, por ejemplo, una regla amplia mediante la cual una proporción determinada del IVA o del impuesto a la renta vuelva automáticamente a los municipios.

Lo que sí se distribuye, pero de manera más fragmentada son royalties, compensaciones, canon de juegos, participaciones específicas y transferencias vinculadas a distintas leyes especiales. Eso genera una paradoja. Una ciudad puede producir una enorme cantidad de actividad económica, pero capturar directamente una fracción muy pequeña de los impuestos que esa actividad genera.

Las empresas venden, facturan IVA, obtienen utilidades y pagan renta dentro del municipio. La mayor parte de esos recursos termina en la Administración Central. Al gobierno local le quedan principalmente el impuesto inmobiliario, patentes, tasas, rodados y algunos otros ingresos.

El impuesto inmobiliario debería compensar una parte de esa debilidad. Es probablemente el tributo municipal por excelencia, ya que grava un activo que no puede trasladarse a otro distrito y cuyo valor depende en buena medida de la propia ciudad que lo rodea. Pero también allí Paraguay arrastra problemas conocidos.

Catastros incompletos, valores fiscales atrasados, baja capacidad administrativa y dificultades de cobranza mantienen la recaudación muy por debajo de su potencial. Las ciudades crecen, las propiedades se valorizan y las demandas ciudadanas aumentan más rápido que su base fiscal.

Por todos estos motivos, nuestros municipios poseen mucha más visibilidad política que capacidad fiscal. 

Asunción muestra esa contradicción mejor que cualquier otro municipio. La capital genera alrededor de una sexta parte de la economía paraguaya. Es uno de los territorios con mayor PIB por habitante del país y concentra una porción todavía mayor de numerosas actividades de servicios. Sin embargo, su presupuesto municipal ronda apenas los G. 2 billones.

Las empresas venden, facturan IVA, obtienen utilidades y pagan renta dentro del municipio. La mayor parte de esos recursos termina en la Administración Central. Al gobierno local le quedan principalmente el impuesto inmobiliario, patentes, tasas, rodados y algunos otros ingresos

La comparación requiere cuidado. Que Asunción genere cerca del 17% del PIB no significa que su Municipalidad deba recibir el 17% de los impuestos nacionales. Los asuncenos también utilizan hospitales, escuelas, Policía, Justicia y otros servicios financiados por el Gobierno Central, y viceversa. Pero la distancia sirve para exponer que una parte enorme de la actividad gravable generada dentro de la ciudad no se convierte en capacidad financiera de su gobierno municipal. Y eso es un problema innegable.

A su vez, eso ayuda a entender por qué el presupuesto de Asunción resulta pequeño cuando se lo compara con gobiernos locales de capitales regionales con responsabilidades semejantes. Entiéndase bien. Ayuda a entenderlo. No alcanza para justificar lo ocurrido.

Porque a esa estructura fiscal débil se sumó una administración que utilizó intensamente el endeudamiento. Entre 2020 y 2023, la Municipalidad emitió G. 855.000 millones en bonos. Eso representa casi 68% de todo lo emitido desde 1997. En apenas cuatro años colocó más del doble de lo que había emitido durante los 23 años anteriores.

La deuda pública municipal no es mala en sí misma. Tiene sentido endeudarse para construir infraestructura que será utilizada durante décadas y lo razonable es que quienes disfrutarán mañana de una obra también paguen parte de su costo. Pero ese argumento requiere que la obra exista. Una condición bastante obvia. Eso no sucedió del todo.

Cuando la deuda crece y las inversiones no aparecen, quedan inconclusas o avanzan muy por debajo de lo prometido, el crédito deja de trasladar al futuro los beneficios y comienza simplemente a trasladar obligaciones. Eso es parte de lo que recibirá la próxima administración de Asunción.

Quien asuma tendrá un margen limitado de acción porque otros ya utilizaron una porción considerable de los ingresos futuros. Pero sería un error convertir esa herencia en una excusa anticipada. Se puede mejorar el catastro, cobrar mejor, ordenar el gasto, revisar contratos, profesionalizar la gestión y recuperar la capacidad de ejecutar. El problema fiscal de nuestros municipios requiere reformas nacionales y amplias; la calidad de su administración, no.

Por eso este domingo se juega algo más que una colección de intendencias. También se decide cuánto del poder territorial seguirá concentrado en la misma estructura política que gobierna el Ejecutivo, 15 departamentos y los municipios que administran más de dos tercios de los recursos locales.

Algunos candidatos llegan a las urnas intentando conquistar el gobierno. Otros llegan habiendo gobernado buena parte del mapa. Esa es la ventaja de llegar gobernando. No deberíamos premiar a los mismos ni entregarles la sucesión a quienes representan la continuidad de una mala administración.