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Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energía

El sector minero le viene insistiendo al Gobierno para que apure el rediseño de un nuevo marco legal que permita aumentar los plazos de prospección y explotación y, a la par, ayude a posicionar a Paraguay en el mapa de la explotación de minerales en la región.

Según la Cámara Paraguaya de Minería (CAPAMI), este objetivo solo podrá concretarse a través de "reglas claras" que estén en sintonía con las exigencias del mercado global. En rigor, las mineras quieren librarse de los controles excesivos en las etapas de exploración y de una burocracia que tiende a "direccionar" la explotación de los hallazgos, algo que traba la llegada de capitales extranjeros.

De hecho, el gremio que preside Víctor Fernández organizó esta semana un foro bautizado con un lema sugestivo, "El momento es ahora", para analizar el potencial del sector y plantear sus demandas. El evento contó con la presencia de los embajadores de Brasil y Japón, José Antonio Marcondes de Carvalho y Katsumi Itagaki, respectivamente, representantes diplomáticos de EEUU y Perú. También asistió el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano. 

Desde el gabinete energético ultiman la reformulación del Código Minero para potenciar la extracción de uranio, titanio, litio y tierras raras, en el último caso con el apoyo de EEUU. Sin embargo, el Gobierno avanza en solitario en el proceso de modernización del entramado legal, en medio de ciertas diferencias con los referentes del sector. 

Actualmente, la ley establece que entre la prospección y la exploración existe un plazo de 8 años, mientras Minas y Energía plantea 9 años. En el borrador se proponen 30 años para la explotación, pero la propuesta de Bejarano baja el plazo a 22 años. Para los mineros, la futura norma no está enfocada en atraer inversiones. 

Santiago Peña y Claudia Centurión.

Desde el sector apuntan a dos objetivos, a pesar de la poca escucha que hoy denuncian. Lo primero es pensar en plazos más extendidos, por lo menos de unos 20 años de explotación. Es la fórmula que aplica Perú, con un plazo de 10 años, prorrogable por el mismo periodo, para la exploración, y luego una etapa de explotación ajustada a la vida útil de la mina.

Chile, en tanto, da dos años de exploración, pero prácticamente no se pierde la concesión: la empresa en cuestión puede mantener de por vida el proceso. Con todo, en CAPAMI se inclinan por el modelo peruano.

Lo primero que mira el inversor es cuánto tiempo me dan para explorar. Si no le das algo razonable en base a la experiencia de la minería global, la inversión no tiene sentido. Y encima le castigás cobrándole sobre la renta bruta

"Imagínese que la mina de titanio está planificada para 100 años. Y le vamos a dar solo 22 años. No tiene sentido", dijo a este medio un referente minero que participó del foro, en alusión al proyecto del Viceministerio de Minas y Energía.

Fernández también apuntó a los plazos. "Lo primero que mira el inversor es cuánto tiempo me dan para explorar. Si no le das algo razonable en base a la experiencia de la minería global, la inversión no tiene sentido. Y encima le castigás cobrándole sobre la renta bruta". 

El otro punto en las negociaciones pasa por las regalías. Desde el Viceministerio ofrecen cargarlas a la renta bruta y no a la renta neta, es decir, que sean establecidas sobre las utilidades del proyecto, como pide el sector.

Marco Riquelme.

De acuerdo a Fernández, las utilidades se van a sumar a los impuestos y puede representar un monto considerable sobre las ganancias. El titular de CAPAMI explicó además que, si se avanza en ese esquema, afectaría al 100% de las utilidades.

"Se enfocan demasiado en controlar una exploración cuando se tiene que controlar lo que se está haciendo y el daño al medio ambiente. La explotación representa el 90% de la inversión. Nosotros ya hemos invertido USD 50 millones en exploración. El Gobierno lo único que aporta son los minerales", indicó.

"De los 150 proyectos que hemos tenido, solo tres han resultado. Se necesita generar unos diez proyectos en los próximos 20 años que nos permitan incorporar al país los beneficios de la minería", sostuvo Fernández, quien cuestionó al Gobierno por haber presentado el proyecto sin escuchar las propuestas del gremio.

Entre las alternativas que analiza el Gobierno aparecen las licitaciones. Para el sector, atraer inversores extranjeros para que asuman ese riesgo sin que el Estado tenga que desembolsar grandes sumas es la mejor fórmula. "No sé si buscan amañar, pero no hace falta ir muy lejos. Miremos la explotación de áreas petroleras de Petropar: desiertas", dijo Fernández.