Por: María Fernanda de la Quintana. Fuente: Tiempo Argentino
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El triunfo de Flávio Bolsonaro en primera vuelta, hijo del expresidente condenado por la trama golpista de 2022, llega al final de un año en el que Brasil fue sometido a aranceles, a una investigación comercial contra su sistema de pagos y a presiones sobre su Supremo Tribunal Federal, y en el que el presidente argentino viajó a San Pablo a hacer campaña por el candidato de la ultraderecha. Leído en conjunto, el domingo brasileño muestra el funcionamiento de una estrategia hemisférica con objetivos, instrumentos y aliados propios.
Monroe con nuevas herramientas
La Estrategia de Seguridad Nacional que la Casa Blanca publicó a fines de 2025 fijó como objetivo reducir la influencia china en América Latina y volvió a tratar al hemisferio como perímetro propio. En marzo de este año, en un club de golf de Doral, Florida, Donald Trump presentó el Escudo de las Américas, una coalición de gobiernos afines que hoy reúne a casi una veintena de países y que suma a la cooperación militar contra el narcotráfico un propósito explícito: contener la presencia de Beijing en la región.
La disputa se libra ahora sobre puertos, redes 5G, cables submarinos, sistemas de pagos, autos eléctricos y litio, y los instrumentos acompañan ese desplazamiento: aranceles, revocación de visas, investigaciones comerciales, presión sobre calificadoras y sobre tribunales. Chile lo comprobó cuando Washington retiró las visas a tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric que habían intervenido en el trámite de un cable submarino chino entre Hong Kong y la costa de Valparaíso.
Brasil funcionó como laboratorio. En julio de 2025, Trump anunció por carta un arancel del 50% sobre las exportaciones brasileñas y lo justificó, entre otras razones, por el trato que la justicia daba a Jair Bolsonaro. Consultado por CNN sobre si existía una razón de seguridad nacional, respondió sin rodeos: «Queremos aranceles y queremos que el dinero entre a Estados Unidos«. Ese mismo mes, la Oficina del Representante Comercial abrió una investigación que puso en la mira al Pix, el sistema de pagos instantáneos gratuito creado por el Banco Central y usado a diario por millones de brasileños; un año después, la investigación terminó en un nuevo arancel del 25%.
Washington invocó prácticas desleales contra un país con el que acumula más de quince años de superávit en el comercio de bienes, y que solo en 2025 le dejó más de 14.000 millones de dólares a favor, según su propia Oficina de Análisis Económico. La deslealtad que se castiga lleva, entonces, otra cuenta: se anota en las sentencias del Supremo Tribunal Federal y se cobra en la aduana.
El shock como forma de gobierno
Atribuir el avance de las derechas únicamente a la injerencia externa o a las redes deja afuera una parte del problema. Las demandas eran reales, y la derecha las capitalizó con una operación de miedo que no resuelve nada: convierte la inseguridad en mano dura, la inflación en ajuste y la migración en muro. La Argentina cerro el 2023 con una inflación anual del 211%, según el INDEC, y sobre ese malestar acumulado Javier Milei construyó su victoria. La autocrítica es necesaria, pero no alcanza: el problema no fue solo la inflación, sino la ausencia de un relato que compitiera con el miedo.
Sobre ese terreno prospera la política del shock. En sociedades fragmentadas por algoritmos, mantener encendida la percepción de crisis rinde más que construir orden institucional, porque una narrativa de fraude se instala en horas mientras una política pública necesita años para mostrar resultados.
Fernando Cerimedo muestra cómo opera ese circuito. Cuatro días después de la derrota de Jair Bolsonaro en 2022, el consultor argentino transmitió desde Buenos Aires, por el canal de su sitio La Derecha Diario, un supuesto informe de fraude que el Partido Liberal usó para pedir la anulación del balotaje brasileño. Después trabajó para las campañas de Milei y de Rodrigo Paz, cuyos gobiernos se sentaron en marzo a la mesa de Trump en Doral. Hoy está preso en Bolivia, y en los allanamientos, según informó el fiscal, apareció una minigranja de bots. La guerra híbrida que acompaña a los aranceles y a la presión sobre los tribunales tiene operadores con nombre y apellido, y Cerimedo es uno de ellos.
Los recursos que se van y las fábricas que quedan
La presión se concentra en lo que va a demandar la transición energética: litio, cobre, tierras raras, infraestructura de telecomunicaciones. A esa pérdida material se suma otra, igual de grave y menos visible: los datos de millones de ciudadanos que alimentan plataformas extranjeras, un debate público moldeado desde servidores ajenos y la emigración de científicos y técnicos formados con presupuesto público. La región exporta así los activos que van a definir el siglo y se queda con los costos.
En el norte argentino, esa disputa tiene nombre propio. Los salares de Salta, Jujuy y Catamarca forman parte del Triángulo del Litio, y la Argentina es el segundo país con mayores recursos de litio del mundo. Allí ya producen empresas chinas, junto a capitales de otros orígenes. En febrero, el acuerdo firmado con Washington dejó por escrito la intención argentina de priorizar a Estados Unidos en litio, cobre y otros minerales críticos por encima de «las economías o empresas que manipulan el mercado», una fórmula que apunta a Beijing. También comprometió al Gobierno nacional a colaborar con las provincias, dueñas originarias de esos recursos, para facilitar la llegada de empresas estadounidenses.
El canciller Pablo Quirno aseguró entonces que China podrá seguir invirtiendo. El acuerdo firmado con Washington, sin embargo, ya ordenó las preferencias: el litio entró en la negociación como prenda de lealtad, y la Argentina resignó de antemano la posibilidad de usar la competencia entre los dos polos para mejorar sus condiciones. Mientras China invierte en fábricas y energía en toda la región, la Argentina le promete a Washington la prioridad sobre el recurso más codiciado de la transición energética.
En Camaçari, Bahía, el complejo que Ford cerró en 2021 tras miles de despidos ensambla hoy autos eléctricos de BYD, y en Iracemápolis, San Pablo, Great Wall Motor produce en la planta que Mercedes-Benz había abandonado un año antes. Esas fábricas van a seguir ahí después del 25 de octubre, gane quien gane, con sus turnos, sus proveedores y sus impuestos, porque la ideología cambia al ritmo de los calendarios electorales y una estructura productiva se mide en décadas.
Pragmatismo vecino, anomalía argentina
Esa interdependencia explica el pragmatismo que mostraron gobiernos de signo muy distinto. Brasil, bajo Jair Bolsonaro, licitó su red 5G en 2021 sin excluir a Huawei pese a la presión de Washington. Uruguay, con Luis Lacalle Pou, buscó un tratado de libre comercio con Beijing. Chile mantuvo a China como su primer socio comercial durante los gobiernos de Sebastián Piñera y con Gabriel Boric. Cuando están en juego inversiones, infraestructura o empleo industrial, los intereses nacionales le ponen un límite al alineamiento ideológico.
La Argentina eligió el camino inverso. Su gobierno adhirió al Escudo de las Américas, ató la política exterior a la afinidad con Trump y convirtió la relación con Brasil, su principal socio comercial, en un frente de campaña. En junio, Milei recibió a Flávio Bolsonaro en Olivos; en julio subió al escenario de la convención del Partido Liberal en San Pablo y llamó «presidiario» a Lula, y Itamaraty convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires.
Washington y Beijing compiten con dureza y, al mismo tiempo, negocian entre sí cada vez que sus intereses lo exigen. Las potencias se disputan mercados sin regalarse ninguno; el país que elige el alineamiento automático, en cambio, regala su propia capacidad de negociación y queda atado a los vaivenes internos de su aliado. Las elecciones legislativas del 3 de noviembre pueden redistribuir el poder en Washington en menos de un mes. Si Lula gana el balotaje, la Argentina tendrá que negociar con su principal socio después de haber hecho campaña en su contra; si gana Flávio Bolsonaro, habrá sumado un aliado ideológico a un vínculo que seguirá dependiendo de autos, granos y energía.
La autonomía se construye
La versión actualizada de la Doctrina Monroe tropieza con un límite estructural: América Latina dejó atrás la arquitectura internacional de la Guerra Fría. La presencia económica china, los vínculos con la Unión Europea y el peso creciente de los BRICS encarecen cualquier intento de reconstruir un hemisferio cerrado. El punto débil está adentro. Entre 2018 y 2019, seis gobiernos alineados con Washington, entre ellos los de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro, abandonaron la UNASUR. Ecuador reclamó el edificio de su sede en Quito y la derecha regional fundó en su lugar el Prosur, un foro a su medida. Lula convocó en Brasilia a relanzarla y no lo consiguió, y la CELAC sigue sin capacidad de decisión. Así, cada país llega solo a negociar con las potencias, y en esa soledad Washington arma sus coaliciones a medida.
La Argentina había sido invitada a ingresar a los BRICS a partir de enero de 2024, y el gobierno de Milei rechazó la invitación por carta a fines de diciembre de 2023. Brasil, en cambio, presidió el bloque durante 2025 y fue anfitrión de su cumbre en Río de Janeiro. Entre una decisión y la otra hay dos proyectos de inserción en el mundo: uno se suma a los espacios que amplían el margen de negociación, el otro renuncia a ellos para demostrar lealtad.
La soberanía del siglo XXI se construye con capacidad estatal, política industrial propia y alianzas diversificadas, y con la habilidad de relacionarse con todos los polos de poder a partir de los intereses nacionales, por encima de las simpatías del turno. En un mundo donde las potencias compiten y negocian a la vez, el desafío de la región consiste en definir sus propios intereses y dejar de ser el escenario de disputas ajenas. El 25 de octubre, en Brasil, se vota también una parte de esa respuesta. La Argentina, mientras tanto, ya jugó la suya: hizo campaña en San Pablo, firmó la prioridad estadounidense sobre su litio, rechazó los BRICS y llega a ese domingo con su política exterior apostada a un solo resultado.
Por: María Fernanda de la Quintana.
Periodista. Máster en Bioética Internacional. Especializada en "Bioética y Derechos Humanos en América Latina" (UBA). Formada en geopolítica en CLACSO.